El Conflicto binacional México-Venezuela

-por Diego Alejo Vázquez

La política exterior de la administración Fox fue controvertida: se dio un giro de 180 grados sobre la posición de México en asuntos regionales e internacionales. La perspectiva de respeto a la soberanía y de no intervención llevada a cabo durante los gobiernos priístas fue cambiada por una postura de participación más cercana y activa en los conflictos internacionales. Durante este cambio de posturas diplomáticas se cometieron varios errores por parte de los cancilleres mexicanos (Castañeda y Derbez), que enfriaron las relaciones con países como Cuba y Argentina y tuvieron conflictos serios anteriormente con Venezuela. Durante su estancia en el consejo de seguridad de la ONU, el gobierno mexicano no pudo formar una postura consistente, ni generar opiniones autónomas con respecto a Estados Unidos, desprestigiando el prestigio de la diplomacia mexicana. El conflicto con Venezuela es una oportunidad para que México redefina una postura diplomática hacia América Latina.

El romper relaciones con Venezuela aumentaría la intensidad y extensión del conflicto. Al romper relaciones con Venezuela Felipe Calderón iniciaría su administración con crisis de carácter binacional, además de enfrentar ya la pesada herencia del conflicto binacional entre México y EUA por la militarización de la frontera norte. La intensidad que tiene ahora el enfriamiento de relaciones con Venezuela ha tenido una extensión sólo de carácter binacional: si se rompen completamente las relaciones se estaría enfriando la relación no sólo con un país sino con toda América del Sur, que en geopolítica están integrando un bloque político y económico fuerte. Si esta tensión con la región sucede, las posibilidades de alcanzar el ALCA se alejarían aún más, al romper con un actor central en la región cuya opinión tiene un peso importante.

Por otro lado, el mensaje discursivo ideológico que estaría comunicando la administración panista con el rompimiento de relaciones exacerbaría aún más la imagen de un México polarizado entre izquierdas y derechas. El mensaje que  estaría mandando Calderón sería que el discurso de la campaña sobre el miedo al populismo y la izquierda también esta siendo exteriorizado, poniéndolo en una postura radical de la derecha en el plano internacional.

En relaciones exteriores es momento de tomar decisiones de bajo riesgo y rutinarias, y para que esto sea posible se debe apelar al profesionalismo diplomático de administraciones pasadas priístas para actuar apegado a la doctrina clásica y reduciendo el riesgo de aumentar tensiones. La decisión más prudente sería mantener el estado de cosas tal como esta, siendo evidente que el corto plazo no hay condiciones para un acercamiento, pero tampoco para un distanciamiento, ya que también hay problemas con el aliado de México en la región (EUA) debidos a la migración y al narcotráfico. Si este apoyo de aliados, la confrontación con el bloque “opositor” resulta infructuoso y costoso.

Conflicto en Oaxaca: decisiones estratégicas

por Diego Alejo Vázquez

La decisión sobre si intervenir o no en el caso de Oaxaca es de alto riesgo y estratégica. El resultado en la implementación de esta decisión política tendrá un impacto en la política regional y en el sistema político mexicano. El intervenir usando la fuerza pública supondría un costo político grave para la administración entrante, por lo que lo que debe prevalecer ahora es la política de negociación  con los grupos en cuestión.

Por no haber prestado atención y no haber tomado medidas a tiempo (cuando era el magisterio el único actor inconforme) y después de un intento  fallido de desalojo policiaco, el gobierno estatal y federal permitió que se juntara la crisis de legitimidad postelectoral con un problema que comenzó con algo estrictamente regional.

El gobierno estatal se dedicó a administrar el conflicto en vez de resolverlo, subestimando una movilización corporativa que por haberse descuidado se convirtió en un movimiento social con la fuerza política para presionar de manera importante a las instituciones establecidas en el estado. Esta inercia que fue cobrando el magisterio generó que otros grupos de interés en Oaxaca se unieran a la movilización, generando un frente con demandas políticas cada vez más grandes y con intereses cada vez más diversos. Con ello podemos decir que la violencia aumentó la intensidad y extensión del conflicto, pasando de un asunto que requería una toma de decisión inicial de bajo riesgo y de intensidad baja, a acciones que implican un alto riesgo, decisiones estratégicas y de alta intensidad. 

El resolver el conflicto utilizando la coacción del estado sólo aumentaría la escalada de violencia e ilegalidad que ha venido presentándose. De ser así, la APPO y sus aliados tendrían más razones para dar el paso decisivo hacia la ilegalidad, pudiendo incluso unirse con grupos violentos como las guerrillas (EPR y ERPI) existentes en el sureste del país. Si bien las coaliciones hechas entre los grupos de la APPO con el magisterio de Oaxaca son débiles y de carácter coyuntural, el uso de la violencia podrá unir con mayor cohesión a los grupos opositores e incluso generar una nueva coalición en donde actores externos al conflicto como el FAP (Frente Amplio Progresista) y el EZLN pudieran establecer alianzas políticas y estrategias de coordinación que generarían una oposición más fuerte hacia el presidente electo Felipe Calderón, cuya administración ya se divisa como complicada. La represión entonces supondría aceptar que no existen lo espacios políticos o institucionales para resolver el conflicto democráticamente, lo cual deslegitimaría aún más a las instituciones constituidas del Estado mexicano, ya bastante debilitadas y necesitadas de reformas. La polarización actual dificulta tomar decisiones políticas consensuadas, la violencia sería el paso de esta polarización a inestabilidad total, cerrando indefinidamente la dimensión de la política de encontrar soluciones pacíficas.  

La información y “memoria” de la organización presidencial debe tener capacidad para analizar la efectividad de sus estrategias en el pasado: con hechos pasados como los conflictos en Sicartsa y en Atenco donde se demostró la falta de profesionalismo de las fuerzas policiales y con una sociedad civil (ONGs) cada vez más sensible hacia el tema de los derechos humanos y civiles, la idea de utilizar otra vez la fuerza pública reforzaría todavía más la idea de que el uso de la coacción legítima  en México es discrecional y genera consecuencias negativas para la imagen pública de la presidencia.

Teniendo en cuenta que la comunicación organizacional debe ser coherente, se debe mantener una consistencia discursiva entre las acciones del gobierno y sus declaraciones. El gobierno de Fox tenía una gran legitimidad a sus inicios y aún así fue renuente a utilizar la fuerza en un principio (como en el primer acontecimiento del aeropuerto de Atenco en el 2001). En este último de año el gobierno de Fox ha caído en graves contradicciones discursivas al comenzar a utilizar la fuerza del Estado de manera discrecional hacia actores políticos de la oposición. Si se utiliza la coacción se reforzará aún más esta contradicción. 

 Las alternativas para resolver el conflicto de manera pacífica serían varias:

 

1. Negociación con el magisterio y con sus demandas específicas, el objetivo sería debilitar un sector fuerte del movimiento cuyo liderazgo es más moderado y con el que se puede tener mejor comunicación. Dividir internamente a la oposición es la mejor manera de debilitarla, ya que la represión seria un factor que podría unirlos más frente a un enemigo común
2. Pactar con el PRI de Oaxaca para que se le otorgue a Ulises Ruiz una licencia para abandonar el cargo de manera parcial, dejando a un interino del PRI. Con ello se neutralizaría el factor inmediato de demandas de la APPO sin que necesariamente represente una remoción total ni ceder tajantemente ante las demandas del grupo
3. Por último, trata de negociar con actores del PRD del ala cardenista ( o alejados del ala lopezobradorista) para que tranquilicen a sus bases en Oaxaca, ofreciendo a cambio un mayor número de comisiones en el Congreso.

“El gobierno dividido en México: 2000-2006”

Por Diego Vázquez

Desde 1988 a la fecha, el sistema político mexicano ha venido sufriendo una serie de cambios en la acomodación de los grupos de poder en los poderes Ejecutivo y Legislativo. El PRI pierde una parte de su margen de maniobra en el Congreso en 1988 cuando pierde la mayoría calificada, recuperándola nuevamente en 1991 y perdiéndola definitivamente en 1997, donde ni la mayoría absoluta logra alcanzar. Las consecuencias de este reacomodo  se vieron reflejadas en la manifiesta incapacidad de la actual administración de Fox que no pudo sacar adelante varias reformas importantes que ocuparon la discusión en la agenda de medios: las llamadas “reformas estructurales”, reformas que eran, según el PAN y la administración Fox, de suma relevancia para la transformación política y económica de México. En este ensayo se hablará exclusivamente de la legislación significativa (que tiene que ver con reformas constitucionales y con reformas de leyes) federales.

Si bien el gobierno dividido no es un fenómeno extraordinario en las democracias occidentales, en México por su sistema presidencial la situación se complica aún más. En los sistemas parlamentarios la legislación no sufre muchas trabas porque hay esquemas de negociación y alianzas constantes que permiten a los actores sacar adelante reformas importantes, cosa que no existe en nuestro sistema político por el diseño institucional y por haber estado tanto tiempo bajo el régimen de partido hegemónico.  A diferencia de EUA, el sistema presidencial mexicano es de tres grandes partidos (multipartidista), lo que complica aún más la legislación al dificultarse la formación de acuerdos que permitan al menos tener 50%+1 de mayoría (ya no hablar del 66% de la mayoría calificada). En el sistema norteamericano la tendencia del Ejecutivo a bloquear la legislación significativa del Congreso aumenta en gobiernos divididos mientras la tendencia de que las iniciativas del presidente fallen se mantiene constante en ambos casos (dividido y unificado)[1]. En el caso mexicano parece ser que el bloqueo es en ambas direcciones: el Legislativo sistemáticamente bloqueó las iniciativas del gobierno, y como comparación directa de la diferencia entre las reformas estructurales en un gobierno dividido y en uno unificado tenemos el caso del sexenio de 1988-1994 comparado con el de 2000-2006. En el primero se lograron reformas constitucionales importantes a partir de 1991 con las reformas del artículo 27 y del 130, teniendo el Ejecutivo el suficiente número de diputados de su partido  y alianzas con otros suficiente como para sacarlas adelante, en el contexto de 3 años de gobierno unifica. En el caso del 2000, las reformas constitucionales que se pretendían sobre los artículos 27, 28, 123 no fueron posibles de sacar adelante, debido al constante conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo y el bloqueo mutuo existente entre estos poderes.

El problema de la eficacia en sacar legislación en nuestro sistema político no sólo se limita a la falta de acuerdos o al reacomodo de poderes: también a los candados de las leyes electorales que impiden la hegemonía de un partido en el Legislativo. El COFIPE establece un número máximo de diputados que puede tener un partido: 300. Este porcentaje es del 60%, 6% debajo de los requerido para la reforma constitucional.

El gobierno dividido del 2000 no pudo sacar adelante las reformas estructurales constitucionales por una falta de acuerdos y por el constante bloqueo mutuo entre Ejecutivo y Legislativo. A su vez, es muy probable que  el impacto de el gobierno divido en el presidencialismo mexicano es mucho mayor al del presidencialismo norteamericano. Dados los candados en el COFIPE para evitar mayorías calificadas y a la pluralidad de partidos, es imperativo que se presente mayor negociación y creación de bloques amplios que involucren al partido en el poder con la oposición para que se presente un mayor volumen de legislación aprobada. Las categorías sugeridas por Edwards (liderazgo y capacidad presupuestal) son también claves, en especial para las aprobaciones de egresos e ingresos y para reformas económicas. Sin estas capacidades de liderazgo político y de herramientas presupuestales la reforma del Estado y las instituciones, al igual que la modernización económica parecen ser imposibles de realizar.

   Norpoth, Helmut. Divided Government and Economic Voting, en The Journal of Politics, New York, 2001. Edwards, George, et all. The Legislative Impact of Divided Government, en American Journal of Political Science, Texas, 1997.

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[1] Edwards, The Legislative Impacto f divided government, pp.555-556