A casi un mes del asesinato de las periodistas indígenas en Oaxaca, con los escándalos desatados por las donaciones del gobierno de Jalisco, con la resolución de la Suprema Corte de Justicia favoreciendo la impunidad en el Estado de Puebla, y con los supuestos vínculos entre Bours y el narco en Sonora, se comprueba una vez más un desagradable residuo de la descomposición del las estructuras de poder del sistema político surgido del priísmo: la supremacía de las élites locales en las estructuras partidistas en México, es decir, pasamos a un federalismo de facto.

El poder local antes estaba balanceado con una cobertura sectorial, es decir, el PRI combinaba un sistema de control político basados en las grandes corporaciones de masas, como sindicatos y grupos campesinos, para poder centralizar el poder, todo ello dentro de la estructura de partido hegemónico. Con la decadencia del control sectorial, la fragmentación del aparato partidista y la debilidad cada vez mayor del poder presidencial en sus características meta constitucionales, fueron decisivas para que la alternancia conllevara este ascenso del poder local.

Al estar fuera de toda diciplina partidaria y de cualquier control mayor del gobierno central (noi digamos ya, fuera de la ley, cosa común y más apreciable en ese tipo de gobiernos). El problema ahora es, que si queremos entrar en la lógica democrática, se tendrán que generar controles nuevos para las élites gubernamentales, para evitar caer en una contradicción entre un enfoque macro democratizador a nivel federal y un enfoque micro local altamente autoritario, patrimonialista, nepotista y discrecional. Se aplaude la decisión del Ejecutivo federal de quitarle a los estados capacidad de gestión en los recursos referentes a los nuevos programas sociales, evitando así una operación clientelar que, si bien se da a nivel federal, a nivel local supondría un agudización de los fenómenos anti democráticos arriba mencionados.

La resolución o en su defecto administración de este conflicto representa costos políticos enormes para el gobierno federal: si se ejerce presión contra los gobernadores (siendo los conflictivos en su mayoría priístas) puede poner en riesgo una alianza con el PRI que pondría en jaque la negociación de reformas, aunque, si se acepta una alianza moralmente cuestionable con el PRI, la oposición tendría todos los argumentos para decir que, evidentemente el PAN solapa a los caciques autoritarios y mafiosos en los estados, lo cual alimentaría la teoría conspirativa de alianza interelitista “PRIAN”.

Siendo que es poco probable la generación de soluciones desde el Estado, como sociedad civil, desde los medios informativos que no enfrentan la censura, en especial Internet, donde hay más libertad de expresión, desde este tipo de sitios de análisis, denunciar y no olvidar este tipo de temas que en la perespectiva general, revelan varios problemas de cultura política y civilidad de este país: el deficit de derechos civiles de facto en comunidades rurales especialmente, lá impunidad y franca complicidad entre grupos criminales y elites políticas locales, y el tremendo racismo que sufren día con día millones de personas indígenas, cuya situación de marginación es doble sumando al tema racial el tema de la miseria. Es indignante que los medios hayan denunciado con tanta fuerza casos como el de Lidia Cacho,  y no le hayan dado la suficiente cobertura al asesinato de estas dos locutoras indígenas asesinadas a inicios de abril… total, parece ser que en México todos somos iguales… pero hay unos más iguales que otros.

Había comentado la entrega pasada que hablaría todavía del ICU, pero, dada la crisis legislativa actual, me parece prudente priorizar y comentar esto,

Las dos críticas ideológicas más recurrentes de la  izquierda radical, institucional y paleo-priísta contra la reforma energética, con esta última y con cualquiera que fuera salida de las manos del PAN son:

• 1.Por un lado, es contra los intereses de la Nación ceder un ápice de espacio al capital privado, nacional o internacional, porque ceder implica para ellos, en términos políticos, el menoscabo de la soberanía nacional y popular y, por otro lado, la subjeción de la economía nacional a intereses extranjeros o ajenos a ella.
• 2. Es total y completamente violatorio de la Constitución, la decisión política fundamental y norma jurídica fundante, y representa, en términos históricos, el lienzo de lucha social, la acumulación del concepto de progreso de nuestro país, es el continum de la Revolución Mexicana, que simbólicamente no es poca cosa.

Por un lado, es interesante ver que la visión de pueblo de la izquierda (el demos) modifica radicalmente la interpretación de la democracia, y ello se debe a dos conceptos fundamentales. Primero, una percepción del pueblo como un ente abstracto (Volkgeist), y entre más abstracto más romantico, una visión que pone a la izquierda en una situación epopéyica, al pueblo como una cuestión absolutamente bien definida y un imperativo de la acción política… el fin es salvaguardar al pueblo…las demás fuerzas políticas no lo representan, y, dado que el pueblo es una y no varias cosas, la izquierda institucional encabezada especificamente por AMLO y el FAP, tiene el monopolio del “Pueblo” (o El Pueblo).

Y es aquí donde entra el concepto de la “otredad”, de la descalificación y diferenciación hostil del otro, de la entronización que supone un exceso en el ego del movimiento social, que no se entiende a sí mismo, ni su coyuntura. El supuesto implícto es que el empresario, el liberal o el panista, a priori no esta en el pueblo del cual se habla como ultrajado. Para el FAP, el pensar distinto a las máximas del Pueblo es, inequívocamente, un acto de traición o de estupidez, incluso ingenuidad. La derecha ha mostrado que muchas veces ha cedido a intereses tremendos que nos podría hacer pensar en la plutocracia inminente en vez del referente democrático, pero también es cierto que en política hay intereses de los dos lados del polo ideológico, y no exactamente intereses que nos engloben a todos.

El punto central es, ¿Podemos generar un Estado, es decir, una sociedad poítica, donde haya espacio para todos? y llendo más allá, ¿Podemos tomar decisiones medianamente consensuadas? ¿Podemos entendernos por lo que somos y no por lo que el prejuicio de la otredad nos muestra? ¿Podemos encontrar aquello que en términos aristotélicos conocíamos como virtud y aprender a tener un poco de prudencia?
¿Podremos constituir a la izquierda proactiva y no reactiva? construir una noción de lo que somos como Nación, no desde el determinismo histórico que define a México desde un lejano pasado sino desde lo que somos ahora como país, del anhelo por el mejor futuro, abrazando la idea histórica del progreso en vez de la decadencia y la tradición.

Es precisamente por esta percepción generalizada en la izquierda que ninguna reforma, por más privatizadora o estatista que fuera, tendría exito, debido a que la lucha política privilegia primero el maniqueísmo político, el todo o nada, sobre las necesidades más apremiantes de la República e incluso sobre los intereses reales del mismo PRD, quien cada vez más se desfasa entre tesis partidarias, operación política e intereses reales. Al bloquear el Congreso, implícitamente se deja de reconocer el principio de representación de las instituciones formales del sistema político. La democracia del PRD, si bien es deliberativa,  es una democracia coja e inoperacional, discursiva pero alienada a las necesidades más apremiantes del país… ¿O acaso el grupo parlamentario del PRD ha propuesto y discutido alternativas de reforma? ¿Cuál ha sido su gran aportación a la política social?

El tema para la creación de un Ingreso Ciudadano Universal ha sido discutido desde 2007 en la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del PRD y por diversos analistas en materia económica y política como Julio Boltvinik y Enrique del Val. El tema es controvertido en tanto pone en discusión de manera más general dos maneras de ver la política social en nuestro país: universalización versus foccalización.

En primera instancia, habría que reconocer que durante mucho tiempo la política fiscal de México ha sido de discriminación de acuerdo al ingreso, en el sentido de que hasta antes de la reforma tributaria, el ISR era un impuesto de tipo progresivo que cobraba más a la gente con ingresos más altos que a los de ingresos bajos; impuestos al consumo como el IVA tienen gran oposición porque afectarían a la población con menor ingreso. Esto reconoce, implícitamente, que en materia de políticas públicas una mism medida puede tener efectos distintos de acuerdo al ingreso, y que para aspirar a una  sociedad igualitaria (o al menos tenerla como término referencial) deben de tomarse medidas desiguales, reconociendo al statu quo como uno de desigualdad y mediante medidas desiguales, pero inversas en el sentido del flujo de ingresos del statu quo, equilibrar la repartición total del ingreso nacional. Bajo esta misma argumentación, es plausible defender la política de focalización siempre y cuando sus efectos puedan generar una disminución en términos de ingreso, o en términos de elevar la calidad de vida del sector más pobre.

¿Cuáles son los argumentos que hasta ahora se han esgrimido para defender, a capa y espada, este tipo de política? Se dice que es un esquema que contribuye a generar mayor equidad, lo cual en sentido legal es cierto, porque sería un derecho que tendrían todas las personas. Sin embargo, en términos económicos es poco probable que suceda, debido a dos tipos de problemas.

El primer problema es de tipo económico en términos macro. Supóngase que se tienen los recursos suficientes en materia presupuestal para llevar a cabo este tipo de medida, y que se tiene una propensión marginal a consumir constante al menos durante un periodo de corto y mediano plazo. El ingreso monetario de la población, en general, aumentaría, creciendo así también su consumo, percibido en términos agregados como un incremento en la demanda agregada. El problema radica en que este tipo de políticas no tiene un impacto directo en la oferta y es una política fiscal muy simple. Si tomamos en cuenta las condiciones de mercado monopólicas y oligopólicas en diversos sectores de nuestro país, y el hecho de que la población pobre tiene una alta demanda de productos altamente inelásticos, esta política puede traer fuertes presiones inflacionarias, que generarían una disminución en el ingreso real de la gente, al subir los productos más que el ingreso que es fijo al menos por un periodo. Con ello, aunque en terminos nominales hubiera un aumento del ingreso por transferencia, el poder adquisitivo que se tendría podría ser menor al inicial o podría tener en el mejor de los casos un impacto nulo o marginal.

Por otro lado, cabría preguntarnos ¿Cuáles son las razones por las cuales existe una diferencia abismal en el ingreso en México? y ¿Por qué una persona no puede cubrir sus necesidades básicas? La respuesta es más de corte estructural que coyuntural, por lo cual se antoja ingenuo usar políticas fiscales tan poco elaboradas en términos de estudio de impacto de variables macro. Primero esta el problema de las capacidades, es decir, la falta de educación y preparación para generar valor agregado del trabajo (Tal vez Boltvinik diga que esto es la mercantilización del trabajo, pero aún así la retórica poco aplicable y su marxismo fuera de contexto y trasnochado de su discurso poco tiene que ver con la relación existente entre educación e ingreso). Otro problema es el de acceso a créditos en la banca comercial  y a los salarios bajos, e indudablemente a problemas en términos de competencia y regulación al empresariado.

El análisis de las implicaciones políticas de esta medida vendrá en una segunda entrega pronto….

Frente a la posible recesión en Estados Unidos, el gobierno ha adoptado medidas para paliar los efectos negativos en México, específicamente en la balanza comercial y en el empleo. Los efectos de la recesión pueden agudizarse si generan también impactos importantes en la inflación y el crecimiento, aunque las proyecciones del Banco de México en estos términos siguen siendo optimistas.

La dificultad para México provendría en una contracción del consumo en el mercado norteamericano generado por una posible recesión, lo cual podría afectar de manera importante las exportaciones mexicanas. El efecto de “arrastre” que tiene el crecimiento de Estados Unidos sobre México se manifestó claramente en 2001 y 2002, donde el desempeño de la economía norteamericana hizo que el crecimiento de nuestro país fuera mezquino o nulo.

Las medidas del gobierno norteamericano y del mismo gobierno mexicano, han sido políticas contra cíclicas que tratan de estimular el consumo interno y mantener niveles de desocupación bajos. Esto rompe con el paradigma popular de los gobierno así llamados “neoliberales”, mostrando la flexibilidad que se tiene en la actual administración mexicana, aunque falta ver si en términos de política monetaria el Banco de México decide adoptar políticas expansivas o si decide apegarse con ortodoxia a su función de control inflacionario. No parece que se vayan a adoptar medidas como baja en tasas de interés ni aumento de la oferta monetaria, ya que existen en la economía presiones inflacionarias como aumento en precios de alimentos y en la gasolina, además de que a nivel teórico el Banco podría entrar en el típico error de inconsistencia dinámica en caso de querer optimizar el empleo además de la inflación, provocando mayores pérdidas sociales debido a posible pérdida de confianza en las proyecciones de inflación del Banco dadas las expectativas de los actores.

Las medidas del gobierno son, como paquete, un conjunto de propuestas ambiguas en el sentido de que no todas atienden a los problemas que se presentan a corto plazo, y en realidad unas tienen una relevancia más a largo plazo y no dejarán sentir sus efectos principales en este año. Las facilidades y descuentos en el pago del IETU y el uso de pagos electrónicos es definitivamente una política fiscal que podrá aumentar los ingresos de empresas y personas físicas, aunque es claro que es una medida típica del paradigma “supply side demand” y no una política contra cíclica en el sentido keynesiano, es decir, no es una política que tenga como objetivo aumentar el consumo y la demanda agregada, y sí mantener o impulsar la oferta. Esto es consistente si entendemos que el mayor impacto vendrá en términos de de reducción de exportaciones. La simplificación arancelaria podría ser un mecanismo que impulse las exportaciones y aminore el efecto de la contracción del mercado norteamericano, aunque es posible que no sea suficiente esta medida dada la combinación de otro factor exógeno de tipo estructural, que es la caída en las exportaciones petroleras. Si estos dos factores se juntan este y el próximo año, se corre el riesgo de un déficit en la balanza de pagos, más si tomamos en cuenta que la contracción de la economía podría afectar también las remesas, que son transferencias importantes que ayudan a mantener en equilibrio la balanza de pagos.

En términos de empleo, el aumento de presupuesto del Sistema Nacional de Empleo puede ayudar a combatir una posible crisis de empleo, aunque no es una medida tan agresiva como se podría haber esperado, como lo sería un típico instrumento keynesiano para mantener el consumo y evitar ciclos de recesión: el seguro de desempleo. Si bien la moderación de esta administración la lleva a tomar medidas mucho más focalizadas y presupuestalmente prudentes, existen medidas en el decálogo que nada tienen que ver como impulsar en corto plazo el empleo ni para ayudar a las pequeñas y medianas empresas. El Portal de Empleo gratuito sólo mejora la información en el mercado de trabajo pero no garantiza mejores condiciones para la contratación y para la inversión, como sí lo hacen el descuento de 5% en las aportaciones patronales del IMSS o la reducción de las tarifas eléctricas comerciales. El gasto en PEMEX es otra medida necesaria pero que no tenía sentido colocarla en este grupo, ya que su impacto en el empleo es poco significativo y, si bien es cierto que el multiplicador del gasto es el mejor en términos de impacto en la demanda agregada bajo ciertos supuestos, el gasto debería de hacerse en infraestructura de caminos y comunicaciones, y posiblemente era mejor haber destinado este recursos en el programa carretero de la SCT, que genera  más empleo (para ejemplo, tomemos en cuenta la política de Roosevelt en términos de construcción de infraestructura, una política que también fue contra cíclica). Otra medida también muy conveniente pero fuera de contexto son las facilidades fiscales en zonas marginadas. Si fuéramos consistentes con la visión de desarrollo de se tiene en términos de combate a la pobreza, el problema con estas zonas es precisamente que sus carencias son estructurales y la falta de empleo se debe a la carencia de capital humano (educación). Por consiguiente, estas zonas en primer término no se ven afectadas significativamente por movimientos en las exportaciones (seria curioso saber ¿cuál será el valor o monto de exportaciones de los 100 municipios más pobres del país?). Esta política es buena, pero no es en definitiva contra cíclica. Finalmente, el financiamiento de las Bancas de Desarrollo sirve en el mediano y largo plazo, es decir, sirve para promover la creación o el crecimiento de ciertos sectores industriales y/o comerciales estratégicos para el país, tarea que se da en el largo plazo, por lo cual no es una medida contra cíclica tampoco.

Como conclusión, podríamos decir que, si bien muchas de estas medidas son pertinentes en términos de desarrollo y promoción de la inversión y el empleo, muchas de ellas no tendrán un impacto en el corto plazo en estos términos, o tendrán impactos marginales y colaterales. Otras medidas, en especial tributarias si tendrán un efecto a corto plazo. Es una buena señal ver planeación previa del gobierno para evitar una crisis, aunque sería bueno que recordaran que lo pertinente de usar la política fiscal en casos de emergencia es que debería de tener un efecto rápido en la economía, no medidas a largo plazo que no tendrían que estar en el decálogo.

 El lenguaje de la izquierda ha cambiado de unos años para acá, desde que su referente ideológico más fuerte (el socialismo real estilo soviético) desapareció con la caída del Muro de Berlín a inicios de los 90as. Conceptos como “lucha de clases”, “economia socialista” y “explotadores burgueses” cambiaron por “lucha social”, “estado de bienestar” (si, muchos de los críticos del Welfare State desde la izquierda se refugiaron en su última trinchera en la dicotomía Estado-Mercado) y “empresarios corruptos” respectivamente. Sin embargo, aunque las palabras cambien, es mucho más difícil cambiar actitudes, en especial en Partidos de izquierda cuya cohesión interna es, normalmente, volatil y heterogenea, como sucede con el PRD, que en su condición de partido “escoba” (para más información leerse a Panebianco) no puede tener un discurso con la finura y precisión ideológica y de acción política deseable.

El fenómeno ocurrido el domingo pasado en la manifestación enfrente de la torre de Pemex muestra claramente el mantenimiento de formas de choque que me hacen recordar la época de la Revolución Rusa. En la oposición anti zarista rusa, de inicios del siglo XX, existían basicamente dos grupos que querían adueñarse de la Duma (Parlamento) ruso y del movimiento obrero: los radicales, también llamados bolcheviques, y los moderados, también llamados mencheviques. El grupo bolchevique, lidereado por Vladimir Illich, significa, literalmente “los que son más”, o mayoría, mientras que el moderado grupo que contaba entre ellos a Martov y otros socialistas ý socialdemócratas más tibios debía a su nombre al grupo de “los pocos”. En el PRD podemos apreciar lo mismo: los bolcheviques son el grupo más cercano de AMLO, mientras que a los cardenistas y “chuchos” se les tilda de traidores, de sumisos, de vendidos: todo se polariza: la dialéctica “marxista” de la sociedad se interioriza dentro del aparato  político(Navarrete es menos que Kautsky). Ahora la paranoia stalinista se deja sentir: que un miembro del PRD se reuna o negocie con los otros partidos es símbolo de traición, de total despageo a “la causa”… el debate y opinión, la visión técnica, la disección fría del problema no cabe. Y AMLO, suma a esta polarización intrapartita la idea conservadora hegeliana…. el Volkgeist, o espíritu del pueblo, el espíritu nacional. El pueblo es un ente, definido, es un ideal que sobrepasa a los grupos, es el fin último, y por tanto, todo esta en torno de aquello. No se necesitan expertos, la teoría de Habermas es pretenciosa, la política en realidad no se ha tecnificado ni necesitamos un verdadero diálogo: NO, el pueblo en su sabiduría innata vislumbra lo correcto, es decir, como el Papa, es infalible. Y la política tecnificada pasa  a ser lo mismo o se degrada, a la política “tecnocráta”. El conocimiento, sino es popular, es inservible… más aún, es sedicioso. Entonces el discurso que se pretende (aunque no se logre) objetivo, se discrimina a priori, porque lo que se juzga es la intención.  En el fondo, eso representa la hiperbolización del nacionalismo revolucionario: el entelequie híbrido de un nacionalismo bastante interiorizado como prácticas de la izquierda dura bastante fuera de contexto.

Lástima que López Obrador no pueda emular ni a los talones a Lenin, hombre sabio y verdaderamente interesado en la emancipación de Rusia. Vemos en Lenin a un hombre de su tiempo, mientas que en López Obrador a un hombre que no ha sabido medir sus tiempos, ni sus propios recursos. Su debilidad no radica en la escacez de recursos, sino en su mal aprovechamiento, en una operación política dogmática. Para cerrar, quisiera dejar señalar, ya entrados en comparaciones, la diferencia entre el estadista y el agitador. Lenin tuvo, durante mucho tiempo, una política diplomática y económica bastante flexible: La NPE premitió a Rusia un periodo intermedio de capitalismo entre su economía primaria-semifeudal y el fin, que era una economía secundaria-industrial. A su vez, Lenin negoció también con los alemanes (si, los blancos, burgueses europeos) la salida de Rusia de la 1GM. Otra cosa: el grupo de los bolcheviques contaban con gran cantidad de revolucionarios que sufrieron, al igual que Lenin, la represión y exilio del régimen zarista. El grupo de López Obrador no es por mucho la vanguardia revolucionaria antisistémica, sino un grupo de oportunistas, no hace mucho tecnócratas salinistas del régimen… ¿ejemplos? el cavernícola de Noroña y el senador Monreal, sin contar a Manuel Camacho (más sensato e inteligente que los anteriores, debo reconocer) y a Marcelo Ebrard.  

 Esta semana sólo pegaré un post de un Artíuclo de Paul Krugman publicado en el Periodico “El Universal” donde habla de la diferencia entre políticas públicas de salud entre Hillary y Obama, espero lo disfruten:

Los candidatos demócratas y el sistema de salud

La principal diferencia entre Hillary Clinton y Barack Obama en materia de políticas públicas tiene que ver con el sistema de salud

Es un desacuerdo que podría parecer técnico y oscuro, y he leído muchas declaraciones de que sólo a los más puntillosos les importan los detalles de las propuestas.

Pero, como he tratado de explicar en columnas anteriores, realmente existe una enorme divergencia entre los enfoques de los candidatos. Nuevas investigaciones —recientemente publicadas— confirman lo que he estado diciendo: la diferencia entre los planes bien podría ser la diferencia entre obtener un seguro médico universal —objetivo clave de los progresistas— o quedar muy lejos de hacerlo.

Específicamente, cálculos recientes señalan que un plan parecido al de Clinton daría cobertura a cerca del doble de gente actualmente no asegurada de la que cubriría un plan parecido al de Obama, a un costo sólo ligeramente mayor.

Ambos planes requieren que aseguradoras privadas ofrezcan pólizas a toda la gente, sin importar su historial médico. Asimismo, ambos permiten a la gente adquirir un seguro gubernamental en caso de no querer el privado. Y ambos planes buscan que el precio de este seguro médico esté al alcance de los estadounidenses de bajos ingresos.

Sin embargo, la propuesta de Clinton es más explícita sobre cómo mantener esos precios asequibles, pues promete limitar los costos del seguro a un porcentaje determinado de los ingresos familiares. Y también parece incluir más fondos para subsidios.

La enorme diferencia, empero, radica en la obligatoriedad: el plan de Clinton exige que todos tengan seguro médico; el de Obama, no.

Obama afirma que la gente adquirirá un seguro médico si su precio es asequible. Desafortunadamente, la evidencia indica lo contrario. Después de todo, ya contamos con programas que ofrecen seguro médico gratis o muy económico a muchos estadounidenses de bajos ingresos sin obligarlos a que se afilien. Y mucha de esa gente, por la razón que sea, no se afilia.

Un plan estilo Obama también enfrentaría el problema de la gente saludable que decide arriesgarse y no contrata un seguro hasta que desarrolla problemas médicos, provocando así un incremento en el precio de las primas que afecta al resto de la gente. Obama, contradiciendo sus primeras declaraciones de que la accesibilidad es el único obstáculo para la cobertura, ahora está hablando de penalizar a los que retrasen su afiliación, pero no está claro cómo funcionaría esto.

Así que el plan de Obama dejaría sin seguro a más gente que el plan de Clinton. ¿Qué tan grande es la diferencia? Para responder a esta pregunta es necesario hacer un análisis minucioso de las decisiones que se toman en materia de salud. Eso es lo que hace Jonathan Gruber —del Instituto de Tecnología de Massachusetts y uno de los principales especialistas en el sistema de salud— en un nuevo ensayo.

Gruber estima que un plan no obligatorio, muy parecido al de Obama, cubriría a 23 millones de personas actualmente sin seguro, a un costo para los contribuyentes de 102 mil millones de dólares al año. Un plan idéntico pero obligatorio cubriría a 45 millones de los no asegurados —esencialmente a todos— a un precio de 124 mil mdd para los contribuyentes. En general, el plan estilo Obama costaría 4 mil 400 dólares por cada nuevo asegurado; el de Clinton sólo 2 mil 700 dólares.

A mi parecer esa no es una diferencia trivial. Un plan alcanza más o menos la cobertura universal; el otro, aunque con un costo de 80% respecto del anterior, cubre sólo a la mitad de la gente actualmente no asegurada.

Al igual que con cualquier estudio económico, los resultados de Gruber sólo son tan buenos como su modelo. Sin embargo, son consistentes con los resultados de otros estudios, como uno realizado en 2003 comisionado por la Fundación Robert Wood Johnson, que comparó diversos planes de reformas al sistema de salud y encontró que la obligatoriedad marca una gran diferencia tanto para lograr la cobertura de los no asegurados como en materia de eficiencia de costos.

Y por eso muchos expertos en el sistema de salud, como Gruber, apoyan con firmeza la obligatoriedad.

Ahora, algunos podrían afirmar que nada de esto importa, porque las leyes que los presidentes logran que se promulguen a menudo se parecen muy poco a sus propuestas de campaña. Y, de hecho, no existe ninguna garantía de que Clinton, de ser elegida, podría obtener la aprobación de algo parecido a su actual plan de cuidado médico.

Pero aunque es fácil ver cómo el plan de Clinton podría terminar siendo despojado de su esencia, es difícil ver cómo podría repararse el hueco en el plan de Obama. ¿Por qué? Porque en el asunto del sistema de salud la campaña de Obama ha saboteado sus propias posibilidades.

Verá, la campaña de Obama ha satanizado la idea de la obligatoriedad, más recientemente con una táctica de miedo consistente en enviar a los votantes un correo extraordinariamente parecido a los anuncios de “Harry y Louise” que la industria de los seguros médicos financió en 1993. Estos mensajes, donde una pareja muestra su angustia por no poder pagar su póliza, contribuyeron a arruinar la oportunidad que surgió entonces de obtener un seguro médico universal.

Si Obama llega a la Casa Blanca y trata de implementar una cobertura médica universal, se encontrará con que no puede hacerse sin la obligatoriedad. Pero si trata de establecer los mandatos necesarios, los enemigos de la reforma utilizarán sus propias palabras en su contra.

Combinando los análisis económicos con las realidades políticas, creo que la conclusión es la siguiente: si Clinton obtiene la nominación demócrata, existe la posibilidad —nadie sabe qué tan grande— de que logremos instituir un cuidado médico universal en la próxima administración. Si Obama obtiene la nominación, esto simplemente no sucederá.

 La reforma energética ha traido consigo movimientos reactivos en contra de cualquier participación privada (aunque ella ha existido desde hace mucho tiempo, como lo aclaró el mismo (ex) líder moral del PRD, Cuauhtemoc Cárdenas) por parte del PRD. El mismo FAP ya ha tildado a varios funcionarios del Ejecutivo, del PAN y del PRI, de la Cámara de Diputados, como traidores a la patria, y entreguistas.

Pues bien, en este proceso parece ser que todos los involucrados son unos traidores: si el PRIAN son los títeres del capital extranjero neo colonial, el FAP y sus medios impresos (aka. La Jornada) son o al menos se estan convirtiendo en los más grandes traidores a la izquierda, en sus valores, que representan todo lo loable, honesto y digno, y a los valores que forjaron el pensamiento occidental moderno.

Traidores al faltar sus medios al compromiso de imparcialidad, y al reproducir los mismo vicios editoriales de otros periódicos de la derecha, sólo alterando su polo ideológico. El espíritu autocrítico desaparece cuando el fanatismo y la idiotez nubla la razón y la capacidad analítica que como seres humanos tenemos la capacidad de ejercer. Y saco todo esto a colación por tres notas que me llamaron la atención, y que dejan al descubierto una situación que venía manifestandose en La Jornada desde hace días.

Esta tendencia es el golpeteo intrapartidista del PRD, especialmente a los grupos de poder internos discordantes con el FAP y López Obrador. Usar medios impresos, usar a uno de los periódicos con más prestigio nacional, y que éste se preste a notas de tan pedestre envergadura, sólo muestra la decadencia ideológica, y, más aún, la falta de cualquier referente ético de la izquierda perredista. El atacar a una colega del PRD, otra vez, con connotaciones misóginas, exhibe la pobreza no sólo intelectual sino moral del FAP: tomado de La Jornada:

“El tabasqueño también se refirió ayer en conferencia de prensa a la entrevista que sostuvieron el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y la presidenta del Congreso, la perredista Ruth Zavaleta. “Sería muy bueno que Mouriño, ahora que anda visitando, de afanosito, agarrándole la pierna a todo el que se deja, políticamente hablando, que de una vez aceptara debatir””.

Por los comentarios misóginos (no muy alejados de los de Noroña), imagino que el Frente no habrá perdido lo Amplio pero si lo Progresista, como reaccionario es tambíén la intolerancia y cerrazón de este grupo del PRD a discutir una reforma energética y a otorgar el derecho a sus miembros a discernir  sobre temas de la agenda política sin recibir por ella castigos medíáticos. Pluralidad es la palabra ausente.

Es una pena, que la estupidez y la cerrazón intelectuales, y la ignorancia, la antítesis de los valores liberales y democráticos de tolerancia, equidad y libertad, provengan ahora desde los dos frentes ideológicos. Diálogo, verdadera política, entendida como lo hacía Arendt, es tal vez lo que le haga falta a este país.

La actual legislatura ha logrado cambios importantes en materia de las llamadas “reformas estructurales”:  una reforma electoral que pretende suavizar las disputas interpartidarias, una reforma judicial bastante polémica en el plano de garantías individuales y una reforma fiscal que permite en el corto plazo combatir la evasion fiscal y aumentar un par de puntos del PIB la recaudación. La gran reforma que se avecina para este año entrante es la reforma energética, que involucra cambios estructurales en la forma en la que opera Pemex e implícitamente un cambio importante en un tema tan politizado en México como lo es el petróleo.

El tema del petróleo es un tema que tiene básicamente tres planos: el simbólico, el político y el económico.

Simbólicamente parece difícil que se reforme el artículo 27  de la Constitución por la carga tan fuerte que tiene la nacionalización petrolera en el imaginario colectivo. Es este evento es el parteaguas que marca estrictamente el inicio del referente cuasiideológico que significó el nacionalismo revolucionario, es decir, un conjunto de valores y visiones, un discurso desde el Estado para la legitimación del régimen posrevolucionario. La soberanía e independencia nacional eran defendidas, al menos en el plano discursivo y simbólico ,con este evento. La impopularidad de las reformas estructurales de los 80as y la apertura económica en México, hacen que la entrada de capitales a este sector sea percibida como un ataque frontal no sólo a la soberanía nacional sino, interpretado desde la izquierda, como el intento del capital extranjero de ocupar los recursos estratégicos mexicanos. Esta idea no es nueva: las teorías de la dependencia desarrolladas adoptadas en América Latina  en la época de las posguerra sugerían este tipo de racionalidad que sigue intuitivamente el PRD y parte de la izquierda mexicana no partidaria. Desde el punto de vista histórico no es descabellado tener esta actitud suspicaz teniendo en cuenta que los primeros 50 años de vida independiente fueron vividos en medio de intervenciones extranjeras. Pero al igual que la historia es un referente, la descontextualización puede convertir ciertas perspectivas en un lastre, y el tema de la relación entre Estado-empresariado (nacional e internacional) es merecedor de profunda discusión dentro de las posturas progresistas. Para muestra solo véase el gobierno de Hugo Chávez, que, aún proponiendo el “socialismo del siglo XXI” maneja el petróleo no como un recurso doméstico sino cono una herramienta en la geopolítica al cooperar en inversiones con otras compañías extranjeras, y durante un tiempo incluso con petroleras americanas.

A nivel político (entendido este como la lucha real por el poder como recurso escaso), el tema se hace mucho más complejo y obedece a intereses más identifcados con la “real politik” que con esquemas ideológicos. Los grupos de poder político de ambos lados luchan para mantener privilegios. El sindicato petrolero, uno de los grupos corporativos más fuertes, no permitirá perder ciertos privilegios que tiene por su identidad doblemente favorable de sindicato y burocracia. Por otro lado, se atribuye al PRI y al PAN nexos con empresas transnacionales con las cuales se hace lobying y negocia, e incluso de práticas para evadir los candados constitucionales mediante contratos de servicios multiples. La junta directiva de PEMEX es un ejemplo de esta lucha, teniendo en ella desde personas identificadas con los sectores empresariales como personas del sindicato.

Pero el problema más inmediato y grave no es, ni lo simbólico ni político, sino la necesidad a nivel económico de una reforma. Lo altos precios del petróleo han sido benéficos para el país en estos ultimos años, siendo un conveniente placebo para retardar la decision de una reforma fiscal y energética profunda. La producción petrolera necesariamente seguirá a la baja por el agotamiento de Cantarel, y a su vez existe un dilema en términos fiscales: PEMEX necesita de recursos para invertir en exploración y el gobierno necesita de recursos fiscales (una tercera parte aprox. extraídos de PEMEX) para manetener el gasto corriente. A su vez, la infraestructura en refinación no alcanza para refinar toda la gasolina dentro del país, lo cual aumenta el costo de la gasolina al tener que mandar a refinar parte de nuestro crudo al extranjero. Se ha pugnado por abrir al capital extranjero y nacional el area de refinación, comercialización y transportación, para que haya una baja en los precios de los derivados como la gasolina. El problema en ello sigue siendo en el ámbito fiscal: esta dispuesto  (o al menos preparado) el Estado a perder recursos de PEMEX? porque bajo el esquema actual de fiscalización, ninguna empresa vería el negocio del petróleo como algo redituable, con un esquema que drena de manera importante  las uitilidades.

El gran problema reside en que es casi imposible que exista una reforma que no implique que alguien pierda algo, pero el esquema actual tampoco podría enfrentar una crisis energética. No puede al mismo tiempo, haber mayores recursos fiscales y mayor inversión en PEMEX bajo el esquema actual. Un recorte en el gasto público para mantener la soberanía de PEMEX impacta en la política social y hace el gasto corriente insostenible. Si se quiere al mismo tiempo tener ingresos junto con mayor inversión, es necesaria la inversión privada o al menos convenios que le permitan a PEMEX asociación abierta con empresas extranjeras. El problema esta sobre la mesa, no tenemos mucho tiempo y la elite política tendrá que asumir con qué costo tiene que lidiar, porque, en tiempos de reformas, siempre hay pérdidas. El PAN y PRI deben de tener en claro esto, y no ser insensibles ni menospreciar lo que simbólicamente están atacando, mientras que la izquierda se ve en la necesidad de optar entre tres caminos: el primero, seguir con propuestas inflexibles y confrontación, quedando fuera de la decisión en política pública; el segundo es proponer un esquema de reestructuración para que PEMEX tenga más recursos sin inversión extranjera, pero asumiendo el costo político y económico que implicaría reducir el gasto público (que, irónicamente, es una propuesta característica de la derecha); el tercero, es negociar una reforma constitucional para permitir la inversión privada pero pactar en la negociación candados institucionales que eviten que la capacidad de decisión de PEMEX como empresa paraestatal se ve muy disminuida, es decir, idear un esquema de compañía mixta favorable al Estado.

Se eligió la reforma electoral porque evidentemente era la reforma particular más fácil de sacar porque todos tenía interés en sacarla… el PRD para mover la balanza a su favor, el PAN para buscar elementos que doten de legitimidad, y el PRI para mejorar las reglas que mejoren su penosa situación en los últimos años. El problema de la reforma electoral es un asunto de intereses: con las reformas se pretende recortar el gasto en spots televisivos y ahora será el IFE (no los partidos) quien contratara el tiempo de aire y distribuirá.

La reacción del CIRT era de esperarse: el famoso referendo propuesto y la “defensa” a la libertad de expresión muestran una suerte de esquizofrenia del oligopolio Televisa-TVAzteca… cuando los señores Salinas Pliego y Azcárraga se den cuenta de que el plebiscito no es un instrumento legal, de que no representan a nadie sino a sus intereses, y de que la opinión dada en los medios no es para nada LA opinión pública (sino publicada), se darán cuenta también de que sus asesores políticos les han dado escusas muy malas, o de que tal vez… deberieron de haber conseguido asesores. La defensa de Ugalde también es una sinrazón. Todo se reduce a la lucha por intereses y dinero. Ugalde no es indispensable para la democracia ni el heroe de la democracia… Ugalde es sólo un actor, que como todos, no quiere perder espacios de poder, pero eso ya no esta en sus manos. La paradoja aquí es que Ugalde sancionó como legítimas las elecciones, y con ello, el Congreso que ahora reforma la ley y lo saca…

Para López Obrador es la oportunidad de hacer un acto de fuerza que lo reposicione en la agenda política y muestre que todavía el PRD responde a su liderazgo (moral). Esto se ve más difícil teniendo en cuenta los resultados del Décimo Congreso del PRD. Ya no parece haber mucho sentido para el PRD el estar siguiendo a López Obrador: los costos son mayores que los beneficios. El costo que pagan es no negociar espacios importantes, en especial ahora que se acerca la época del presupuesto. Los beneficios del PRD son pobres: seguir siendo actor secudnario en el plan propio de López Obrador, quien ni siquiera reparte “el hueso” entre sus facciones para dejar a todos satisfechos. El PRI no parece jugar aqui un gran papel sino es el de mediador: la suerte de ser el “fiel de la balanza” sigue ahi, y su oportunidad es el poder sacarle provecho a las disputas entre PRD y PAN.

Realmente el tema del informe es algo árido y desgastante, es una cuestión protocolar que ya no hace mnucho sentido mantener ahora, ni siquiera para Calderón, porque ya el informe de Gobierno no esta hecho para que el Presidente se luzca y haga muestar de su liderazgo. Habrá que esperar hasta el 1ro de septiembre para ver como se comportan los actores….