El corpotavismo anacrónico

-por Diego Alejo Vázquez

La ley de reforma al sistema de pensiones del ISSSTE ha generado a nivel nacional movilizaciones masivas de grupos no sólo del sector sindical sino de asociaciones y grupos estudiantiles. Más allá de la discusión económica sobre la necesidad de generar un esquema financieramente sostenible, es importante entender el fenómeno de la movilización de masas en México. La clave para entender esto radica en el desfazamiento entre la estructura económica y la política en México, cuyo resultado es un corporativismo cada vez más anacrónico y con mayor necesidad de reformas.

Con las reformas de ajuste estructural en México, que comienzan a mediados de los ochentas y terminan en 1994 con la firma del TLC, se modernizaron las relaciones entre Estado y mercado. Éstas reformas no vinieron acompañadas con reformas en las otras esferas sociales ni en la manera en que se relacionaba el Estado con la sociedad. Los recursos estatales se vieron reducidos, al igual que sus fuentes de recursos (con la reducción de paraestatales), pero el Estado siguió teniendo una estructura eminentemente corporativa y un marco constitucional que le exigía una serie de obligaciones con la población. Esto generó expectativas muy grandes por parte de la población que no pudieron ser procesadas por el Estado, que estaba funcionando bajo una racionalidad distinta.

El conflicto del ISSTE es una pequeña parte de los resultado de esta discrepancia. Para lograr sacar reformas necesarias que permitan una sustentabilidad financiera se necesitan primero o a la par reformas constitucionales que cambien la manera mediante la cual es Estado se relaciona con los sectores productivos. Si no se combate el corportavismo , no se toman medidas necesarias para una mejora sustancial en las condiciones de vida de la gente más pobre y no se genera movilidad social en la clase media, es improbable que las reformas económicas puedan ser aprobadas y tengan una aceptación social que permita gobernabilidad. Cabe señalar que el combate corporativo no se reduce a aquellos grupos sindicales “charros” que buscan privilegios, el combate debe ir también hacia aquellas cámaras empresariales que generan problemas también a nivel de mercados, pero esa es otra historia….

Importancia del partido en órganos legislativos: el caso mexicano

-por Diego Alejo Vázquez 

El estudio de Shawn Bowler sobre los partidos políticos plantea la tesis de que las reglas procedimentales y de control dentro de los órganos legislativos son indispensable para mantener la cohesión partidista y explica en gran medida la conformación de los grupos parlamentarios en los Órganos legislativos (en este caso, el autor se enfoque principalmente en regímenes parlamentarios). A continuación se plantea un análisis del Congreso mexicano y los grupos parlamentarios en el sistema político mexicano de acuerdo con varias categorías usadas por Bowler; si bien el caso difiere en algunos aspectos por ser la forma de gobierno mexicana presidencial, la lógica del autor abarca en gran medida elementos e instituciones presentes en las instituciones mexicanas.

El primer factor a considerar es el las ventajas procedimentales que tienen los grupos legislativos dentro de las legislaturas. “(…) the mayor resources are the procedural advantages which help legislators shape the agenda and the policy outcomes of a legislature. Under this one-arena model, being part of a legislative bloc will give members of that bloc better access to policy making.”[1]

El concepto mismo de grupo parlamentario está determinado y restringido totalmente por la dimensión partidaria, ya que sólo puede  existir un solo grupo parlamentario para cada partido, con base en los dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos: “El grupo parlamentario se integra por lo menos con cinco diputados y sólo podrá haber uno por cada partido político nacional que cuente con diputados en la Cámara”. Si bien el artículo 30 de dicha ley reconoce a los diputados independientes y se compromete a “guardar las mismas consideraciones que a todos los legisladores y apoyándolos, conforme a las posibilidades de la Cámara, para que puedan desempeñar sus atribuciones de representación popular”, existe una discriminación de facto en cuanto a las funciones y cargos a los que pueden acceder. Esto es así tanto en el caso de diputados como de senadores.

El artículo 17 de la ley Orgánica del Congreso señala en su párrafo 4 que “para la elección de la mesa directiva (de la Cámara de diputados) , los grupos parlamentarios postularán a quienes deban integrarla, conforme a los criterios establecidos en el artículo 18”. Con ello, es necesario pertenecer a algún grupo parlamentario para poder formar parte del órgano Ejecutivo de la Cámara. En el mismo artículo también se establece un freno al impedir que los coordinadores de los grupos parlamentarios formen parte de ella, y en el artículo 18 de la misma ley se establece que Los integrantes de la mesa directiva sólo podrán ser removidos con el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes de la Cámara. con lo que, si bien los grupos parlamentarios tienen influencia al postular a los legisladores, no tienen tantas capacidades de removerlos (al menos no una capacidad exclusiva). La ventaja que trae al legislador (desde el punto de vista personal) el estar dentro de la mesa directiva es que tiene capacidades para dictar el ritmo y regular la discusión de la agenda política (control del factor policy, en términos de Bowler). La legislación mexicana no sólo beneficia a los grupos parlamentarios en cuanto a los temas en la agenda política, sino también regula las normas que rigen la práctica parlamentaria (de acuerdo al artículo 40 de la ya citada Ley Orgánica, donde se establece la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias).  En cuanto a las comisiones, son los órganos más activos dentro del Congreso, ya que se encargan de un gran número de las iniciativas de ley totales que se emiten, y dentro de ellas es donde hay una negociación más intensa por establecer ciertos intereses del legislador personales y partidistas, para tratar de tener una influencia sobre la política pública. En su artículo 43, la Ley Orgánica del Congreso establece que  “Al proponer la integración de las comisiones, la junta postulará también a los diputados que deban presidirlas y fungir como secretarios. Al hacerlo, cuidará que su propuesta incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, de tal suerte que se refleje la proporción que representen en el pleno y tome en cuenta los antecedentes y la experiencia legislativa de los diputados”. Con ello el establecimiento de las comisiones se hace en criterio al tamaño del partido, y para que el legislador pueda acceder a cargos como la presidencia y las secretarias de cada comisión necesariamente debe tener el apoyo del grupo y del coordinador parlamentario, ya que éste último tiene facultades para sustituirlo. Por estas circunstancias existen incentivos los suficientemente fuertes como para no sólo argumentar que los procedimientos internos son indispensables para mantener las estructuras partidistas dentro de la Cámara y desincentivar la aparición de legisladores independientes, sino también existen medidas punitivas para aquellos que no mantengan la disciplina partidista y sigan la línea establecida por el partido, al poder ser removidos por el coordinador parlamentario. “If representation on committees is made according to party group, then is consistent with the argument that party group membership confers advantages access to policy-making”[2]. La comisión es el órgano legislativo más importante para promover iniciativas de ley. El que las iniciativas de ley provengan de instituciones dirigidas y constituidas de acuerdo a grupos partidistas (Committee appointments on party basis[3]) representa también una restricción para el legislador independiente, que, si bien no es formal (ya que ninguna ley limita directamente al legislador independiente para que promueva alguna iniciativa de Ley) si es práctica, ya que se necesita primero pasar la iniciativa dentro de la comisión para luego discutirla en el pleno y aprobarla, cosa que es difícil de llevar a la práctica sin tener un grupo político ni cargos estratégicos dentro de las comisiones. Otro aspecto importante que trata Bowler es el índice de control de la agenda política propuesto por Herbert Doring, en donde se trata de establecer un índice que identifique de qué elemento es más definitivo para establecer la agenda: si el gobierno (government) o la cámara legislativa. Cabe señalar que este índice esta hecho para casos legislativos parlamentarios, aunque en el caso de México aplica en cierta medida, donde la variable gobierno es el partido de donde es el Ejecutivo, el partido de gobierno. En esta escala México se encontraría en un lugar entre V (Presidents decision after consultation of party groups) y VI (Fragmentation of agenda-setting centres if unanimous vote of party leaders cannot be reached)[4], ya que la mayor parte de la agenda política ha pasado a manos del Congreso y es difícil conseguir acuerdos unánimes en un sistema multipartidista como el mexicano, en donde el partido de gobierno no tiene la fuerza necesaria como para controlar la agenda o imponer condiciones predominantes en la negociación política. En cuanto al análisis de control de la agenda desde el punto de vista del control sobre el órgano ejecutivo del aparato legislativo, en el caso de México los partidos tienen un control importante de acuerdo al artículo 17 de la Ley Orgánica arriba mencionado. “Where the presiding body is a single individual – such as a President or Speaker, parties per se have a limited role, typically in electing that person. But where the presiding body is a collective Praesidum, Bureau, or council, party representation becomes mucho more formal”. En este caso el órgano directivo mexicano es la Mesa Directiva que, si bien es presidida por un Presidente, en su totalidad es un órgano de tipo colectivo con representación de los grupos parlamentarios. Por último, es indispensable analizar el impacto que tiene el factor electoral sobre los legisladores y grupos parlamentarios, ya que la tesis que Bowler argumenta es que los factores endógenos dentro del Congreso son los determinantes para la formación de bloques partidistas dentro del Legislativo, y la tesis opuesta es que los incentivos legislativos y la búsqueda de nuevas candidaturas y puestos son las que incentivan la formación de grupos partidistas (una causa exógena). En el caso de México es difícil establecer si el funcionamiento de los grupos legislativos se mantiene igual sin estímulos electorales porque en México siempre hay estímulos electorales desde el punto de vista cronológico: las elecciones locales, municipales, presidenciales y las intermedias del Congreso están desfasadas unas de las otras en tiempo, lo que genera que casi todos los años del sexenio existan procesos electorales . Las elecciones intermedias del Congreso permiten la reelección consecutiva de diputados, y son cada tres años, con lo que es difícil defender la idea de que  el impacto de un sistema electoral como el mexicano no afecta la acción de grupos parlamentarios. También el tipo de candidaturas plurinominales respalda la tesis de que el sistema electoral sí tiene un impacto importante en el Congreso, ya que las listas de plurinominales dependen totalmente del partido y sus órganos centrales, con lo que la disciplina partidaria se mantiene. “Above and beyond providing the resources required to fight elections (money, label, and advice) political parties typically also control access to these resources by controlling the nomination of candidates. Depending upon how the nomination process is organized, parties have great potential to act as gatekeepers. Nomination procedures may help promote party discipline in various ways”[5]. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refuerza esta idea al establecer en su artículo 41 que los partidos políticos son la vía predominante para el acceso a la participación electoral, y los privilegian mediante financiamiento público, ya que son definidos como entidades de interés público.Como conclusión, podemos decir que muchos de los factores que Bowler expresa en su estudio aplican y se presentan en el caso mexicano, aunque el factor “control ejecutivo” como se maneja no existe en México porque son procesos de tipo parlamentario (como el llamado “voto de no confianza”). Sin embargo, los estudios mencionados por el autor que demuestran el  impacto del proceso electoral  sobre las legislaturas no aplican al caso de México porque existen procesos electorales permanentemente en toda la República, por lo que siempre hay, en mayor o menos medida incentivos, además de que los mecanismos de participación y financiamiento electoral están concentrados en su totalidad en los órganos centrales de los partidos políticos. Por lo tanto, en el caso de México ni la teoría endógena defendida en el texto ni la teoría de Downs y Ostrogorski exógena pueden explicar por sí solas el caso mexicano, que parece ser una manifestación de ambos fenómenos.

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[1] Bowler, “Parties in Legislatures: Two Competing Explanations”, pp. 159

[2] Bowler, “Parties in Legislatures: Two Competing Explanations”, pp. 161

[3] Bowler, “Parties in Legislatures: Two Competing Explanations”, pp. 162

[4] Bowler, “Parties in Legislatures: Two Competing Explanations”, pp. 166

[5] Bowler, “Parties in Legislatures: Two Competing Explanations”, pp. 177

El Conflicto binacional México-Venezuela

-por Diego Alejo Vázquez

La política exterior de la administración Fox fue controvertida: se dio un giro de 180 grados sobre la posición de México en asuntos regionales e internacionales. La perspectiva de respeto a la soberanía y de no intervención llevada a cabo durante los gobiernos priístas fue cambiada por una postura de participación más cercana y activa en los conflictos internacionales. Durante este cambio de posturas diplomáticas se cometieron varios errores por parte de los cancilleres mexicanos (Castañeda y Derbez), que enfriaron las relaciones con países como Cuba y Argentina y tuvieron conflictos serios anteriormente con Venezuela. Durante su estancia en el consejo de seguridad de la ONU, el gobierno mexicano no pudo formar una postura consistente, ni generar opiniones autónomas con respecto a Estados Unidos, desprestigiando el prestigio de la diplomacia mexicana. El conflicto con Venezuela es una oportunidad para que México redefina una postura diplomática hacia América Latina.

El romper relaciones con Venezuela aumentaría la intensidad y extensión del conflicto. Al romper relaciones con Venezuela Felipe Calderón iniciaría su administración con crisis de carácter binacional, además de enfrentar ya la pesada herencia del conflicto binacional entre México y EUA por la militarización de la frontera norte. La intensidad que tiene ahora el enfriamiento de relaciones con Venezuela ha tenido una extensión sólo de carácter binacional: si se rompen completamente las relaciones se estaría enfriando la relación no sólo con un país sino con toda América del Sur, que en geopolítica están integrando un bloque político y económico fuerte. Si esta tensión con la región sucede, las posibilidades de alcanzar el ALCA se alejarían aún más, al romper con un actor central en la región cuya opinión tiene un peso importante.

Por otro lado, el mensaje discursivo ideológico que estaría comunicando la administración panista con el rompimiento de relaciones exacerbaría aún más la imagen de un México polarizado entre izquierdas y derechas. El mensaje que  estaría mandando Calderón sería que el discurso de la campaña sobre el miedo al populismo y la izquierda también esta siendo exteriorizado, poniéndolo en una postura radical de la derecha en el plano internacional.

En relaciones exteriores es momento de tomar decisiones de bajo riesgo y rutinarias, y para que esto sea posible se debe apelar al profesionalismo diplomático de administraciones pasadas priístas para actuar apegado a la doctrina clásica y reduciendo el riesgo de aumentar tensiones. La decisión más prudente sería mantener el estado de cosas tal como esta, siendo evidente que el corto plazo no hay condiciones para un acercamiento, pero tampoco para un distanciamiento, ya que también hay problemas con el aliado de México en la región (EUA) debidos a la migración y al narcotráfico. Si este apoyo de aliados, la confrontación con el bloque “opositor” resulta infructuoso y costoso.

Conflicto en Oaxaca: decisiones estratégicas

por Diego Alejo Vázquez

La decisión sobre si intervenir o no en el caso de Oaxaca es de alto riesgo y estratégica. El resultado en la implementación de esta decisión política tendrá un impacto en la política regional y en el sistema político mexicano. El intervenir usando la fuerza pública supondría un costo político grave para la administración entrante, por lo que lo que debe prevalecer ahora es la política de negociación  con los grupos en cuestión.

Por no haber prestado atención y no haber tomado medidas a tiempo (cuando era el magisterio el único actor inconforme) y después de un intento  fallido de desalojo policiaco, el gobierno estatal y federal permitió que se juntara la crisis de legitimidad postelectoral con un problema que comenzó con algo estrictamente regional.

El gobierno estatal se dedicó a administrar el conflicto en vez de resolverlo, subestimando una movilización corporativa que por haberse descuidado se convirtió en un movimiento social con la fuerza política para presionar de manera importante a las instituciones establecidas en el estado. Esta inercia que fue cobrando el magisterio generó que otros grupos de interés en Oaxaca se unieran a la movilización, generando un frente con demandas políticas cada vez más grandes y con intereses cada vez más diversos. Con ello podemos decir que la violencia aumentó la intensidad y extensión del conflicto, pasando de un asunto que requería una toma de decisión inicial de bajo riesgo y de intensidad baja, a acciones que implican un alto riesgo, decisiones estratégicas y de alta intensidad. 

El resolver el conflicto utilizando la coacción del estado sólo aumentaría la escalada de violencia e ilegalidad que ha venido presentándose. De ser así, la APPO y sus aliados tendrían más razones para dar el paso decisivo hacia la ilegalidad, pudiendo incluso unirse con grupos violentos como las guerrillas (EPR y ERPI) existentes en el sureste del país. Si bien las coaliciones hechas entre los grupos de la APPO con el magisterio de Oaxaca son débiles y de carácter coyuntural, el uso de la violencia podrá unir con mayor cohesión a los grupos opositores e incluso generar una nueva coalición en donde actores externos al conflicto como el FAP (Frente Amplio Progresista) y el EZLN pudieran establecer alianzas políticas y estrategias de coordinación que generarían una oposición más fuerte hacia el presidente electo Felipe Calderón, cuya administración ya se divisa como complicada. La represión entonces supondría aceptar que no existen lo espacios políticos o institucionales para resolver el conflicto democráticamente, lo cual deslegitimaría aún más a las instituciones constituidas del Estado mexicano, ya bastante debilitadas y necesitadas de reformas. La polarización actual dificulta tomar decisiones políticas consensuadas, la violencia sería el paso de esta polarización a inestabilidad total, cerrando indefinidamente la dimensión de la política de encontrar soluciones pacíficas.  

La información y “memoria” de la organización presidencial debe tener capacidad para analizar la efectividad de sus estrategias en el pasado: con hechos pasados como los conflictos en Sicartsa y en Atenco donde se demostró la falta de profesionalismo de las fuerzas policiales y con una sociedad civil (ONGs) cada vez más sensible hacia el tema de los derechos humanos y civiles, la idea de utilizar otra vez la fuerza pública reforzaría todavía más la idea de que el uso de la coacción legítima  en México es discrecional y genera consecuencias negativas para la imagen pública de la presidencia.

Teniendo en cuenta que la comunicación organizacional debe ser coherente, se debe mantener una consistencia discursiva entre las acciones del gobierno y sus declaraciones. El gobierno de Fox tenía una gran legitimidad a sus inicios y aún así fue renuente a utilizar la fuerza en un principio (como en el primer acontecimiento del aeropuerto de Atenco en el 2001). En este último de año el gobierno de Fox ha caído en graves contradicciones discursivas al comenzar a utilizar la fuerza del Estado de manera discrecional hacia actores políticos de la oposición. Si se utiliza la coacción se reforzará aún más esta contradicción. 

 Las alternativas para resolver el conflicto de manera pacífica serían varias:

 

1. Negociación con el magisterio y con sus demandas específicas, el objetivo sería debilitar un sector fuerte del movimiento cuyo liderazgo es más moderado y con el que se puede tener mejor comunicación. Dividir internamente a la oposición es la mejor manera de debilitarla, ya que la represión seria un factor que podría unirlos más frente a un enemigo común
2. Pactar con el PRI de Oaxaca para que se le otorgue a Ulises Ruiz una licencia para abandonar el cargo de manera parcial, dejando a un interino del PRI. Con ello se neutralizaría el factor inmediato de demandas de la APPO sin que necesariamente represente una remoción total ni ceder tajantemente ante las demandas del grupo
3. Por último, trata de negociar con actores del PRD del ala cardenista ( o alejados del ala lopezobradorista) para que tranquilicen a sus bases en Oaxaca, ofreciendo a cambio un mayor número de comisiones en el Congreso.

“El gobierno dividido en México: 2000-2006”

Por Diego Vázquez

Desde 1988 a la fecha, el sistema político mexicano ha venido sufriendo una serie de cambios en la acomodación de los grupos de poder en los poderes Ejecutivo y Legislativo. El PRI pierde una parte de su margen de maniobra en el Congreso en 1988 cuando pierde la mayoría calificada, recuperándola nuevamente en 1991 y perdiéndola definitivamente en 1997, donde ni la mayoría absoluta logra alcanzar. Las consecuencias de este reacomodo  se vieron reflejadas en la manifiesta incapacidad de la actual administración de Fox que no pudo sacar adelante varias reformas importantes que ocuparon la discusión en la agenda de medios: las llamadas “reformas estructurales”, reformas que eran, según el PAN y la administración Fox, de suma relevancia para la transformación política y económica de México. En este ensayo se hablará exclusivamente de la legislación significativa (que tiene que ver con reformas constitucionales y con reformas de leyes) federales.

Si bien el gobierno dividido no es un fenómeno extraordinario en las democracias occidentales, en México por su sistema presidencial la situación se complica aún más. En los sistemas parlamentarios la legislación no sufre muchas trabas porque hay esquemas de negociación y alianzas constantes que permiten a los actores sacar adelante reformas importantes, cosa que no existe en nuestro sistema político por el diseño institucional y por haber estado tanto tiempo bajo el régimen de partido hegemónico.  A diferencia de EUA, el sistema presidencial mexicano es de tres grandes partidos (multipartidista), lo que complica aún más la legislación al dificultarse la formación de acuerdos que permitan al menos tener 50%+1 de mayoría (ya no hablar del 66% de la mayoría calificada). En el sistema norteamericano la tendencia del Ejecutivo a bloquear la legislación significativa del Congreso aumenta en gobiernos divididos mientras la tendencia de que las iniciativas del presidente fallen se mantiene constante en ambos casos (dividido y unificado)[1]. En el caso mexicano parece ser que el bloqueo es en ambas direcciones: el Legislativo sistemáticamente bloqueó las iniciativas del gobierno, y como comparación directa de la diferencia entre las reformas estructurales en un gobierno dividido y en uno unificado tenemos el caso del sexenio de 1988-1994 comparado con el de 2000-2006. En el primero se lograron reformas constitucionales importantes a partir de 1991 con las reformas del artículo 27 y del 130, teniendo el Ejecutivo el suficiente número de diputados de su partido  y alianzas con otros suficiente como para sacarlas adelante, en el contexto de 3 años de gobierno unifica. En el caso del 2000, las reformas constitucionales que se pretendían sobre los artículos 27, 28, 123 no fueron posibles de sacar adelante, debido al constante conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo y el bloqueo mutuo existente entre estos poderes.

El problema de la eficacia en sacar legislación en nuestro sistema político no sólo se limita a la falta de acuerdos o al reacomodo de poderes: también a los candados de las leyes electorales que impiden la hegemonía de un partido en el Legislativo. El COFIPE establece un número máximo de diputados que puede tener un partido: 300. Este porcentaje es del 60%, 6% debajo de los requerido para la reforma constitucional.

El gobierno dividido del 2000 no pudo sacar adelante las reformas estructurales constitucionales por una falta de acuerdos y por el constante bloqueo mutuo entre Ejecutivo y Legislativo. A su vez, es muy probable que  el impacto de el gobierno divido en el presidencialismo mexicano es mucho mayor al del presidencialismo norteamericano. Dados los candados en el COFIPE para evitar mayorías calificadas y a la pluralidad de partidos, es imperativo que se presente mayor negociación y creación de bloques amplios que involucren al partido en el poder con la oposición para que se presente un mayor volumen de legislación aprobada. Las categorías sugeridas por Edwards (liderazgo y capacidad presupuestal) son también claves, en especial para las aprobaciones de egresos e ingresos y para reformas económicas. Sin estas capacidades de liderazgo político y de herramientas presupuestales la reforma del Estado y las instituciones, al igual que la modernización económica parecen ser imposibles de realizar.

   Norpoth, Helmut. Divided Government and Economic Voting, en The Journal of Politics, New York, 2001. Edwards, George, et all. The Legislative Impact of Divided Government, en American Journal of Political Science, Texas, 1997.

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[1] Edwards, The Legislative Impacto f divided government, pp.555-556

López Obrador: el actor político

-por Diego Vázquez 

El comportamiento de Andrés Manuel López Obrador puede ser explicado bajo dos supuestos: el primero sería una visión instrumental de sus acciones y por otro lado asumir que había un contexto social previo que fue consistente con su discurso. Andrés Manuel busca consolidar su capital político bajo dos grandes factores de poder: un discurso contextualizado y una serie de prácticas clientelares, cada uno coordinada con la otra.

El discurso político es consistente con la perspectiva contextualista, donde se asume que existen fuerzas sociales generadas por la polarización y marginación económica, las cuales son usadas por Andrés Manuel para legitimar sus acciones. Por otro lado, en el aspecto operativo, la práctica clientelar explica la acción social de los seguidores, desde un punto de vista reduccionista y utilitario. Sus seguidores presentan un comportamiento habitual y rígido y se tienen los recursos para generar incentivos políticos y económicos, manteniendo el interés de los seguidores. Con estas dos acciones se estructura el poder político de Andrés Manuel. Esta práctica es mejor explicada si se tiene en cuenta que los inputs (los apoyos a cierto grupo) dentro del sistema político mexicano se codifican como relaciones clientelares, mientras que el output esperado es la movilización que Andrés Manuel encabeza.

Por otro lado Andrés Manuel López Obrador sigue una racionalidad política en sus acciones desde la etapa postelectoral. Si tomamos en cuenta el contexto en el que se generó la figura de Andrés Manuel (el sistema político mexicano tradicional y su formación en un partido corporativo como el PRI) se entiende que sus prácticas políticas sigan una lógica que tome en cuenta estos elementos. Las acciones de Andrés Manuel buscan convertir el conflicto electoral surgido por una elección cerrada en un movimiento social, ya sea de corte partidista o con otra configuración. Para ello se plantea una estrategia basada en dos metas a corto plazo: control de la agenda de medios para mantener un buen posicionamiento en la opinión pública (que no significa necesariamente que la opinión pública piense algo bueno o malo sobre él sino que se hable de él) y presión corporativa con aglutinación de sectores sociales marginados como mecanismo de negociación. Con ello el propósito final de Andrés Manuel es maximizar su poder político manteniendo una posición de poder dentro del sistema político, dentro del sistema general y especialmente dentro de su campo de acción más específico: el PRD. 

Las opciones posibles de Andrés Manuel eran dos: utilizar herramientas de las instituciones legales o formales y herramientas de las instituciones informales. Andrés Manuel decidió utilizar ambas (y luego deshechar la primera) por un principio de transitividad: se tenía una perspectiva de que las instituciones formales tenían una efectividad menor que las informales para sus objetivos, por lo que se optó por continuar con instituciones informales cuando se agotaron las otras (como el IFE, la SCJN, y el TEPJF). La única vía legal posible que tiene para seguir apelando sería en la dimensión de instituciones internacionales, pero el fin de Andrés Manuel no es ganar la elecció ya: sería ciego y sesgado tomar las posiciones de los actores desde un punto de vista simplista, como lo ha venido haciendo la opinión pública.

Como conclusión, podemos decir que el futuro comportamiento de Andrés Manuel estará enfocado en 2 grandes metas: llevar la iniciativa y un buen posicionamiento en los medios de comunicación, generando una permanencia que trascienda el momento electoral, y por otro lado mantener el balance de poder no sólo frente al PAN, sino eminentemente al interior del PRD: las movilizaciones buscan generar un movimiento social que mantenga, por lo menos en el corto plazo el balance de poder del grupo de Andrés Manuel frente al grupo perredista de Cárdenas. Si Andrés Manuel logra generar cohesión y apoyo con el movimiento social que se está gestando, posiblemente pueda hacerse de un grupo político que le de un buen posicionamiento dentro y fuera del PRD. A su vez este grupo político será de utilidad para negociar con el PAN y el PRI reformas políticas y electorales en el próximo sexenio y para hacer presión dentro del PRD en Cámaras Legislativas, entre sus gobernadores y dentro de las mismas tribus del PRD.

Informe de Gobierno

El último informe no fue algo inesperado, se veía venir el conflicto entre la Coalición y el Ejecutivo en esta escalada de enfrentamientos dentro del contexto poselectoral. Dentro el marco legal no hubo irregularidades: el informe efectivamente se entregó al Congreso… lo que no tuvo lugar fue la lectura de este frente al Congreso, sieno esto un mero hábito heredado del sistema presidencial. El informe fue durante mucho tiempo una tradición en donde el gobernante iba al Congreso a “lucirse” y a ser aclamado por una tribuna antes homogénea y hegemónica. Se recuerdan los informes de Luis Echeverría, las desplantes de López Portillo, y la lluvia de aplausos consecuente.

Ahora el escenario es otro. Vicente Fox no puede decir que es su obligación informar a los mexicanos de sus acciones mediante el informe, que es un gesto y una actitud democrática: todo lo contrario, el informe (y cuando hablo del informe apelo a la dimensión no legal, a la tradición oral) representa un rasgo del presidencialismo heredado del PRI. y retomando el punto de “ofrecer cuentas”, la ciudadanía puede pedir cuentas en cualquier momento, no sólo el 1ro de diciembre… para eso esta el IFAI, donde se puede ver con transparencia la gestión gubernamental (o al menos esa idea vendió todo el sexenio la administración Fox).

EN cuanto al aspecto político de grupos, las actitudes de ambos bandos eran de esperarse: el PRD bloqueando la tribuna en un gesto que parece contradecir el discurso que venía teniendo. El nombramiento de coordinadores de diputados y senadores mostraba un distanciamiento con AMLO, pero con esta acción parece ser que la coordinación entre el movimiento de AMLO y el PRD sigue vigente.

En cuanto a Fox, se pueden decir dos cosas: una es una felicitación a sus asesores que por fin le dan consejos cargados de sensatez: “entregas y te vas” parafraseando un poco las mismas expresiones de Fox. Su mensaje a la Nación después de entregar el informe fue claro: el se muestra como defensor de la institución, hace el contraste y remarca cada vez más el binomio democracia-legalidad, un punto de vista muy del PAN.

Tal vez sea bueno que el presidente reflexionara largamente sobre lo que ocurrió ayer… Congreso dividido, división de poderes Y DE PODER (ojo, que no es lo mismo). Debe preguntarse Fox si sus acciones facciosas durante su administración y la campaña no contribuyeron a la división de grupos que acontece ahora y que puede permear (más de lo que ya esta) a todo el país. En mi opinión, Fox contribuyó al enrarecimiento del clima político, y no me sorprende, no esperaba más de un vendedor de la Coca Cola…

La resistencia civil desde cinco perspectivas de la ciencia política contemporánea.

 

Después de las elecciones del dos de julio y de un proceso electoral controvertido lleno de tensión política, la coalición por el Bien de Todos decidió ampliar su campo de acción no sólo en la esfera institucional formal (utilizando el TEPJF como mecanismo para resolver conflictos) sino también decidió hacer presión política mediante movilizaciones de grupos, con lo cual no sólo ha hecho presión al bloquear el área neurálgica de la ciudad de México, sino también se ha posicionado exitosamente en la agenda política de medios. La llamada resistencia civil pacífica es el medio de hacer presión sobre las demás instituciones del sistema político, pero, ¿cómo interpretar este fenómeno? EL presente trabajo tratará de analizar este fenómeno desde las 5 perspectivas teóricas más recurrentes dentro de la Ciencia Política Contemporánea: el contextualismo, el reduccionismo, el utilitarismo,  el funcionalismo y el instrumentalismo.Dentro de la perspectiva del contextualismo, podríamos hacer el análisis desde el punto de vista económico y social. Este fenómeno político sólo sería el resultado de las relaciones económicas existentes dentro de la esfera social. La resistencia civil fue resultado de la tensión en las estructuras de las clases sociales. “The social stratification of modern society with its associated distribution of wealth and income has obvious major effects on political events. Class differences translate into political differences with great reliability across time and across cultures”[1]. La estrategia política del PRD y su radicalización se deben a la polarización preexistente en la esfera económica y social: una fuerte discriminación y marginación social y altos índices de pobreza que generan una polarización entre las clases sociales. El resultado de la radicalización política es sólo una manifestación de otros fenómenos existentes en esferas diferentes a la política.Dentro de la visión reduccionista la movilización del PRD y su resistencia civil se analiza tomando en cuenta no a las grandes instituciones y organizaciones sociales, sino a la interacción de los individuos y demás actores políticos dentro del fenómeno social. Para esta perspectiva el individuo, sus decisiones y sus interacciones tienen más sentido para explicar el fenómeno político que la institución; esto es, que para explicar la acción colectiva es mejor estudiarla desde niveles inferiores de agregación que desde sus agregados mayores[2]. Por lo tanto, lo importante a analizar es la interacción entre los diversos grupos dentro del PRD, la redes ciudadanas y demás asociaciones que apoyan (o forman parte) de la Coalición por el Bien de Todos. Entonces lo primordial sería analizar como se relacionan estos grupos o individuos con los operadores políticos del PRD y como se van formando redes de intereses que finalmente desembocan en la movilización social. En este caso algunos sujetos del PRD (como los grupos sociales que están más debajo de la cadena organizativa, como las corporaciones) tenderán a tener un comportamiento inconsciente, habitual y rígido; mientras que otros sujetos (como los operadores políticos y los ciudadanos no agrupados dentro del movimiento) tenderán a presentar un comportamiento consciente calculado y flexible. De esta relación de sujetos surge la movilización social del PRD.La visión utilitaria es muy parecida a la visión reduccionista: también da  un valor importante a la decisión individual y al interés. El proceso de toma de decisión es importante para el utilitarismo, y para la teoría en ciencias sociales contemporánea en general. Desde esta visión sen interpreta que la movilización de resistencia civil, cuenta con ciudadanos que deciden su acción social por medio de cálculos sobre su interés. Podríamos decir que en este caso particular muchos individuos ven en la resistencia civil y en plantón una oportunidad de maximizar su utilidad si asumimos como condición inicial que el sistema político  mexicano (y el PRD formando parte de este) es clientelar. Como la acción política es condicionada con base en estímulos de poder político y/o remuneración económica, algunos sujetos de la coalición (aquellos a los cuales AMLO dirige su mensaje, “los pobres”) verán en la movilización y la lucha por el poder político un fenómeno que los beneficiará directamente a corto y largo plazo: la utilidad no sólo se verá en la remuneración clientelar sino en la esperanza de obtener una utilidad económica mayor con el proyecto económico reformador del PRD al hacer presión para que gane. Para otros sujetos que también apoyan al movimiento (las clases medias conscientes del problema social mexicano y los operadores políticos) la utilidad será vista más en términos políticos, como cargos de poder real, la tratar de maximizar su utilidad tratando de: ya sea llegar a la presidencia o debilitar a la institución presidencial para aumentar así su utilidad política.Desde la perspectiva funcionalista podemos decir que el fenómeno de tensión y polarización que desemboca en la resistencia civil forma parte de una eficiencia histórica y un determinismo de factores sociales estructurales que necesariamente desembocaría en una crisis del sistema político. Posiblemente, y sea como sea que termine esta estrategia del PRD, habrá un equilibrio nuevo del sistema político. Los partidos políticos buscan nuevos equilibrios de poder después de coyunturas para poder mantenerse vivos en un ambiente de competitividad política. “(…) some postwar theories of political parties see party orientation and organization as equilibrium solutions to problems of survival in a competitive political environment (Down, 1957)”[3]. Por ello la radicalización del movimiento encabezado por AMLO no constituye una sorpresa si se entiende que los partidos políticos están constantemente cambiando estrategias para posicionarse en la esfera de competencia política (especialmente, electoral).Por último, el instrumentalismo analiza el fenómeno político desde los resultados de este y sus consecuencias y repercusiones. Por lo tanto, el discurso político del PRD en los medios  tendría poco sentido para el análisis, dado que los rituales, símbolos políticos y ceremonias son sólo instrumentos manipuladores de los actores políticos para conseguir el resultado deseado. “Rituals and ceremonies are defined as window-dressing for the real political processes or as instruments by which the clever and the powerful exploit the naïve and the weak”[4]. Por lo tanto, el discurso sobre la “purificación de las instituciones”, la estancia de AMLO con los manifestantes en los campamentos y el discurso sobre la “Lucha por la democracia” es la justificación de la dirigencia (que busca resultados políticos más profundos y tangibles) sobre la base, que necesita un discurso que legitime la acción política de la dirigencia de la Coalición.  Lo importante desde esta perspectiva a analizar es cuáles son los resultados políticos reales que busca la Coalición y si el método esta funcionando a sus planes. En este caso un resultado real es el posicionamiento  privilegiado de AMLO en la agenda de medios y una muestra de fuerza que funcione como carta de negociación con las otras fuerzas políticas; también la resistencia civil implica la extensión y revitalización del fenómeno de AMLO como movimiento social (más allá del PRD) para mantener viva la estructura de poder que si bien es fuerte, también es frágil. En conclusión, podemos decir que cada perspectiva aporta elementos útiles dentro del análisis al ver el fenómeno político de diferente manera: de lo general a lo particular,  del individuo a la institución, de la decisión individual al contexto, etc. Como podemos ver, la ciencia política contemporánea muestra un importante distanciamiento de la ciencia política clásica (el institucionalismo), al tomar en cuenta otros factores (políticos informales y no políticos) y depreciar el valor de otros (como la institución y su influencia social o la importancia del simbolismo en lo político).

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[1] MARCH, James et Johan Olsen. Neo-institutionalism: Organizational Factors in Political Life. Pag. 735

[2]  MARCH, James et Johan Olsen. Neo-institutionalism: Organizational Factors in Political Life. Pag. 735

[3] MARCH, James et Johan Olsen. Neo-institutionalism: Organizational Factors in Political Life. Pag. 737

[4] MARCH, James et Johan Olsen. Neo-institutionalism: Organizational Factors in Political Life. Pag. 738

Bibliografía

MARCH, James y Johan Olsen. Neo-institucionalismo: Organizational Factors in Political Life. The American Science Political Review. Stanford and Bergen

LA AVERSIÓN Y TOMA DE RIESGOS.

Por: Diego Castañeda Garza

Que ha ocurrido en las pasadas elecciones y en el conflicto post electoral, si lo vemos desde la campaña negra del miedo ejecuta por el Partido Acción Nacional (PAN) podemos decir que eso es precisamente lo que ha generado mucho del caos, “El miedo sólo nos lleva a la perdición, pues es lo que nubla nuestro futuro.”

Es un hecho y hay que aceptarlo como tal mucha gente sintió temor al escuchar propuestas alternativas de AMLO la campaña rindió frutos en una parte de la sociedad y así hasta la fecha el miedo es lo que sigue guiando el actuar político del PAN y de mucha de su gente, ya sea que lo empleen como un arma como en la campaña o que lo sufran como en su negativa a contar cada voto.

Sin embargo este escrito no tiene la intención de expresar una mera opinión, así que abordare el tema del miedo y la toma de decisiones desde un punto de vista fundamentalmente económico, analizare la “Aversión al Riesgo”

Dentro de la ciencia económica se conocen diversas teorías y modelos para la toma de decisiones entre ellas “la teoría de la utilidad” “ las curvas de indiferencia” y la novedosa “teoría de la prospección” desde esta ultima es desde la cual se explica este fenómeno.

La teoría de la Prospección fue creada por Daniel Kahneman premio Nobel de economía en el año 2002 y en la cual plantea que que cada individuo evalua cada decision que toma dentre del esquema de perdidas y ganancias.

Ahora construyamos un modelo basico:

Supongamos al Elector como un consumidor y su poder de compra es el voto, para simplicar el modelo pensemos solo en dos productos el producto AMLO y el producto FCH, como nos dice Kahneman los votantes evaluaran en terminos de perdidas y ganancias.

El elector estudiara lo que le ofrece cada producto en este caso candidato y vera una seria de beneficios y costos en cada uno de ellos, por ejemplo mientras que este puede percibir como una ganancia el cambio en la politica economica que ofrece AMLO podria considerar una perdida el continuismo de FCH pero podria valorar como una ganancia el discurso legal de FCH y como una perdido lo opuesto de AMLO.

Bajo este esquema cada uno seleccionaria y haria su apuesta por lo que el a considerado le rendira mejores ganancias, es aquí donde toma relevancia la campaña del miedo.

“The evaluations around losses and gains are developed starting from a reference point. The value function, which passes through this point, is s-shaped and, as its asymmetry implies, given the same variation in absolute value, there is a bigger impact of losses than of gains (loss aversion).”

Como afirma y demostró Kahneman la aversión a la perdida o la toma de decisiones de riesgo que impliquen potenciales perdidas afecta de forma mas fuerte la percepción de las perdidas, es decir si a pesar de tener una ganancia mayor se magnifica la percepción de que la perdida también existiría esta tiende a tomar mas importancia que la misma ganancia e impone al sujeto en este caso el votante una decisión no necesariamente buena.

Volviendo a nuestro modelo ahora incorporemos la campaña negativa del PAN magnificando y calificando al producto de la competencia AMLO bajo estigmas de “peligroso” mintiendo sobre una serie de propuestas este impacto es muy difícil de ser contrarestado como Kahneman nos dice ya que se tiende a darle mas importancia al riesgo de perdida que a la oportunidad de ganancia.

“An important implication of prospect theory is that the way economic agents subjectively frame an outcome or transaction in their mind affects the utility they expect or receive. This aspect of prospect theory, in particular, has been widely used in behavioural economics and mental accounting.”

Esto nos indica que al existir la aversión al riesgo se afecta de forma subjetiva la toma de decisiones siendo que estas debieran ser objetivas obedeciendo a una lógica racional.

Sin lugar a duda esto tuvo un impacto considerable en el resulto de las elecciones hasta ese momento pues un gran numero de personas decidieron su voto bajo un influjo subjetivo y no objetivo alterando de esta forma sus perdidas y ganancias pues el miedo no es buen consejero.

Esta clase de relación también la podemos entender mejor utilizando la teoría de juegos dentro de nuestro mismo modelo básico de dos candidatos y la elección por medio del voto de cada sujeto entramos a un “juego no cooperativo” es decir un juego de transferencia de utilidad lo que gana uno lo pierde el otro.

Los modelos de juegos sin transferencia de utilidad suelen ser bi-personales, es decir, con sólo dos jugadores. Pueden ser simétricos o asimétricos según que los resultados sean idénticos desde el punto de vista de cada jugador. Pueden ser de suma cero, cuando el aumento en las ganancias de un jugador implica una disminución por igual cuantía en las del otro, o de suma no nula en caso contrario, es decir, cuando la suma de las ganancias de los jugadores puede aumentar o disminuir en función de sus decisiones.

Ahora pasando al conflicto post electoral este mismo modelo trasciende a la campaña y en gran medida polariza a la sociedad pues si lo vemos desde el punto de vista de la teoría de juegos situó a la población en un juego de “halcón-paloma” es decir donde una parte actúa de forma activa y la otra pasiva en relación a la percepción que cada parte tiene sobre sus ganancias, en este caso el resultado de la elección defendido por cada parte, bajo una sospecha profunda de fraude.

El miedo a estas alturas llega mas lejos que el mismo empleo estratégico de este como base de las teorías que nos dicen en base a que y como elegimos, este llega mas lejos por que el miedo esgrimido por unos ha pasado de ser herramienta de control a ser el que controla a sus empleadores, las actitudes tomadas por el mismo FCH y su equipo la negativa al conteo voto por voto, es en si una evidencia misma de que son victimas de su propio juego por que temen esto por la misma teoría y modelación que hemos planteado por la aversión al riesgo, el riesgo de que el conteo revierta el resultado, el miedo de que sus perdidas sean mucho mayores que sus ganancias….

Ahora el mismo Kahneman dentro de su estudio y demostración que lo llevo al Nóbel nos dio la forma de combatir esto de hacer que nuestras elecciones sean de forma racional y no emocional, que nuestras decisiones sean tomadas de forma objetiva no subjetiva esta es la información.

La información es una pieza clave dentro del desarrollo de los procesos mentales incluido la decisión, como se evalúa en la teoría de juegos, al ver esto se puede afirmar que la reacción al riesgo se ve afectada en gran medida por la información que tenemos al respecto y esto genera reacciones positivas o negativas a la toma de riesgos en todos los ámbitos que componen relaciones entre las personas y su entorno, es la información la educación la que nos libera de ser rehenes de campas mediáticas como la que hemos sido victimas y la que es fundamental para impedir que se consumen atropellos como el fraude electoral, esta es la única forma en la que nuestras expectativas sean racionales.

Fuentes: Kahneman, Daniel, and Amos Tversky (1979) “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk”, Econometrica, XVLII (1979), 263-291.

Resistencia Pacífica

-Por Diego Alejo Vázquez

A partir del domingo 30 de Julio, comenzó una nueva fase dentro de la lucha política postelectoral  de la cual es protagonista La Coalición por el Bien de Todos, encabezada por el PRD y su candidato, Andrés Manuel López Obrador. Esta nueva estrategia dentro de la llamada resistencia pacífica, implica un “plantón” en el centro de la ciudad de México como presión para que el TEPJF tome la decisión de realizar nuevamente el conteo “voto por voto, casilla por casilla”. Las consecuencias de esta estrategia no sólo impactan en la arena institucional de la esfera política, sino también en el universo social cotidiano de los ciudadanos que viven en la ciudad.

Al cerrar avenidas viales tan importantes como Reforma se desquicia el tránsito  de  la ciudad, y se genera inconformidad entre la gente que se ve directamente afectada, al ser Reforma una de las avenidas más importantes de la ciudad, en una zona céntrica. Sin embargo, y aún apelando hoy los panistas  y disgustados al famoso Bando 13, el conflicto de intereses, de libertades y de derechos va más allá de una ley local: es un problema de libertades constitucionales.

En su artículo noveno, la Carta Magna garantiza la libertad de asociación pacífica y protesta contra la autoridad, siempre y cuando se haga pacíficamente. Además, el texto constitucional es muy enfático en el sentido de respetar las protestas de carácter político: “No se considerara Ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencias o amenazar para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que desee”. Esta ley tiene su fundamento en dos corrientes de pensamiento, una de la filosofía política y otra de la economía política: el liberalismo democrático y el corporativismo. Esta ley es democrática en cuanto garantiza la libertad de asociación de los hombres en la esfera política bien sea para dialogar cosas de la agenda política, bien para inconformarse por alguna decisión del gobierno. El liberalismo implica un control, cuestionamiento y revisión del poder público, y restringir al gobierno de usar la fuerza pública para tratar de acallar a aquellos que disienten. Es corporativa también en tanto se usó este derecho como arma corporativa por el gobierno o por partidos políticos para instrumentar el poder político. La presión de sindicatos y grupos campesinos mediante movilización y manifestación pública fue y sigue en gran medida siendo un instrumento de ciertos grupos políticos y económicos para alcanzar ciertas metas: para muestra de ello los maestros de Oaxaca (este ejemplo uno de los más extremos).

Por otro lado, el artículo 11 hace referencia a la libertad de los hombres al libre tránsito por la República. Es claro que las manifestaciones organizadas por la coalición coartarán en parte ese derecho, aunque de hecho lo que hacen es entorpecer el uso de este derecho, no obstruirlo completamente. Incluso si el Bando 13 promulgado por AMLO prohibiera la invasión de las avenidas principales, esta reglamentación jamás podrá ir en contra de los derechos expresados en la Carta Magna, dada la supremacía de la Constitución como ley fundamental.

Como conclusión, podemos decir que este conflicto genera una discusión sobre libertades, herramientas y derechos constitucionales, pero a su vez la discusión  sobrepasa la dimensión legal. Hablamos de una tensión generada por la movilización del PRD, pero no hay otra salida al conflicto, ya que la alternativa de aquellos amplios sectores desfavorecidos económicamente que ahora apoyan al PRD es reunirse y luchar contra la oligarquía del PAN, que detrás de su hipócrita respeto a las leyes e instituciones esconde también una organización corporativa y poco democrática. Ante este escenario la lucha es entre dos grandes grupos: aquellas camarillas empresariales, la industria de medios en gran medida, sindicatos blancos y grupos de derecha reaccionarios (que, hay que decirlo en voz alta, también tienen intereses de grupo, sino de clase), que mediante propaganda en medios audiovisuales y electrónicos y con amplios recursos económicos han comenzado su lucha para defender sus privilegios (como buenos oligarcas que son). Al otro lado, se alzan los grupos menos favorecidos, que, si bien sus métodos no son los más institucionales y pueden ser muchas veces cuestionables, tienen demandas comprensibles  contra un sistema político y económico que no les ha favorecido, en donde han perdido voz en las decisiones del gobierno y ante la supremacía del poder económico de sus adversarios (incluidos entre los adversarios los líderes charros como Elba Esther Gordillo), han optado por unirse y movilizarse: ellos no tienen otros instrumentos más que su aplastante mayoría, pero eso no les arrebata su derecho de perseguir un proyecto que consideran los llevará al bienestar.