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Resistencia Pacífica

August 3, 2006

-Por Diego Alejo Vázquez

A partir del domingo 30 de Julio, comenzó una nueva fase dentro de la lucha política postelectoral  de la cual es protagonista La Coalición por el Bien de Todos, encabezada por el PRD y su candidato, Andrés Manuel López Obrador. Esta nueva estrategia dentro de la llamada resistencia pacífica, implica un “plantón” en el centro de la ciudad de México como presión para que el TEPJF tome la decisión de realizar nuevamente el conteo “voto por voto, casilla por casilla”. Las consecuencias de esta estrategia no sólo impactan en la arena institucional de la esfera política, sino también en el universo social cotidiano de los ciudadanos que viven en la ciudad.

Al cerrar avenidas viales tan importantes como Reforma se desquicia el tránsito  de  la ciudad, y se genera inconformidad entre la gente que se ve directamente afectada, al ser Reforma una de las avenidas más importantes de la ciudad, en una zona céntrica. Sin embargo, y aún apelando hoy los panistas  y disgustados al famoso Bando 13, el conflicto de intereses, de libertades y de derechos va más allá de una ley local: es un problema de libertades constitucionales.

En su artículo noveno, la Carta Magna garantiza la libertad de asociación pacífica y protesta contra la autoridad, siempre y cuando se haga pacíficamente. Además, el texto constitucional es muy enfático en el sentido de respetar las protestas de carácter político: “No se considerara Ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencias o amenazar para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que desee”. Esta ley tiene su fundamento en dos corrientes de pensamiento, una de la filosofía política y otra de la economía política: el liberalismo democrático y el corporativismo. Esta ley es democrática en cuanto garantiza la libertad de asociación de los hombres en la esfera política bien sea para dialogar cosas de la agenda política, bien para inconformarse por alguna decisión del gobierno. El liberalismo implica un control, cuestionamiento y revisión del poder público, y restringir al gobierno de usar la fuerza pública para tratar de acallar a aquellos que disienten. Es corporativa también en tanto se usó este derecho como arma corporativa por el gobierno o por partidos políticos para instrumentar el poder político. La presión de sindicatos y grupos campesinos mediante movilización y manifestación pública fue y sigue en gran medida siendo un instrumento de ciertos grupos políticos y económicos para alcanzar ciertas metas: para muestra de ello los maestros de Oaxaca (este ejemplo uno de los más extremos).

Por otro lado, el artículo 11 hace referencia a la libertad de los hombres al libre tránsito por la República. Es claro que las manifestaciones organizadas por la coalición coartarán en parte ese derecho, aunque de hecho lo que hacen es entorpecer el uso de este derecho, no obstruirlo completamente. Incluso si el Bando 13 promulgado por AMLO prohibiera la invasión de las avenidas principales, esta reglamentación jamás podrá ir en contra de los derechos expresados en la Carta Magna, dada la supremacía de la Constitución como ley fundamental.

Como conclusión, podemos decir que este conflicto genera una discusión sobre libertades, herramientas y derechos constitucionales, pero a su vez la discusión  sobrepasa la dimensión legal. Hablamos de una tensión generada por la movilización del PRD, pero no hay otra salida al conflicto, ya que la alternativa de aquellos amplios sectores desfavorecidos económicamente que ahora apoyan al PRD es reunirse y luchar contra la oligarquía del PAN, que detrás de su hipócrita respeto a las leyes e instituciones esconde también una organización corporativa y poco democrática. Ante este escenario la lucha es entre dos grandes grupos: aquellas camarillas empresariales, la industria de medios en gran medida, sindicatos blancos y grupos de derecha reaccionarios (que, hay que decirlo en voz alta, también tienen intereses de grupo, sino de clase), que mediante propaganda en medios audiovisuales y electrónicos y con amplios recursos económicos han comenzado su lucha para defender sus privilegios (como buenos oligarcas que son). Al otro lado, se alzan los grupos menos favorecidos, que, si bien sus métodos no son los más institucionales y pueden ser muchas veces cuestionables, tienen demandas comprensibles  contra un sistema político y económico que no les ha favorecido, en donde han perdido voz en las decisiones del gobierno y ante la supremacía del poder económico de sus adversarios (incluidos entre los adversarios los líderes charros como Elba Esther Gordillo), han optado por unirse y movilizarse: ellos no tienen otros instrumentos más que su aplastante mayoría, pero eso no les arrebata su derecho de perseguir un proyecto que consideran los llevará al bienestar.

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