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“El gobierno dividido en México: 2000-2006”

October 1, 2006

Por Diego Vázquez

Desde 1988 a la fecha, el sistema político mexicano ha venido sufriendo una serie de cambios en la acomodación de los grupos de poder en los poderes Ejecutivo y Legislativo. El PRI pierde una parte de su margen de maniobra en el Congreso en 1988 cuando pierde la mayoría calificada, recuperándola nuevamente en 1991 y perdiéndola definitivamente en 1997, donde ni la mayoría absoluta logra alcanzar. Las consecuencias de este reacomodo  se vieron reflejadas en la manifiesta incapacidad de la actual administración de Fox que no pudo sacar adelante varias reformas importantes que ocuparon la discusión en la agenda de medios: las llamadas “reformas estructurales”, reformas que eran, según el PAN y la administración Fox, de suma relevancia para la transformación política y económica de México. En este ensayo se hablará exclusivamente de la legislación significativa (que tiene que ver con reformas constitucionales y con reformas de leyes) federales.

Si bien el gobierno dividido no es un fenómeno extraordinario en las democracias occidentales, en México por su sistema presidencial la situación se complica aún más. En los sistemas parlamentarios la legislación no sufre muchas trabas porque hay esquemas de negociación y alianzas constantes que permiten a los actores sacar adelante reformas importantes, cosa que no existe en nuestro sistema político por el diseño institucional y por haber estado tanto tiempo bajo el régimen de partido hegemónico.  A diferencia de EUA, el sistema presidencial mexicano es de tres grandes partidos (multipartidista), lo que complica aún más la legislación al dificultarse la formación de acuerdos que permitan al menos tener 50%+1 de mayoría (ya no hablar del 66% de la mayoría calificada). En el sistema norteamericano la tendencia del Ejecutivo a bloquear la legislación significativa del Congreso aumenta en gobiernos divididos mientras la tendencia de que las iniciativas del presidente fallen se mantiene constante en ambos casos (dividido y unificado)[1]. En el caso mexicano parece ser que el bloqueo es en ambas direcciones: el Legislativo sistemáticamente bloqueó las iniciativas del gobierno, y como comparación directa de la diferencia entre las reformas estructurales en un gobierno dividido y en uno unificado tenemos el caso del sexenio de 1988-1994 comparado con el de 2000-2006. En el primero se lograron reformas constitucionales importantes a partir de 1991 con las reformas del artículo 27 y del 130, teniendo el Ejecutivo el suficiente número de diputados de su partido  y alianzas con otros suficiente como para sacarlas adelante, en el contexto de 3 años de gobierno unifica. En el caso del 2000, las reformas constitucionales que se pretendían sobre los artículos 27, 28, 123 no fueron posibles de sacar adelante, debido al constante conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo y el bloqueo mutuo existente entre estos poderes.

El problema de la eficacia en sacar legislación en nuestro sistema político no sólo se limita a la falta de acuerdos o al reacomodo de poderes: también a los candados de las leyes electorales que impiden la hegemonía de un partido en el Legislativo. El COFIPE establece un número máximo de diputados que puede tener un partido: 300. Este porcentaje es del 60%, 6% debajo de los requerido para la reforma constitucional.

El gobierno dividido del 2000 no pudo sacar adelante las reformas estructurales constitucionales por una falta de acuerdos y por el constante bloqueo mutuo entre Ejecutivo y Legislativo. A su vez, es muy probable que  el impacto de el gobierno divido en el presidencialismo mexicano es mucho mayor al del presidencialismo norteamericano. Dados los candados en el COFIPE para evitar mayorías calificadas y a la pluralidad de partidos, es imperativo que se presente mayor negociación y creación de bloques amplios que involucren al partido en el poder con la oposición para que se presente un mayor volumen de legislación aprobada. Las categorías sugeridas por Edwards (liderazgo y capacidad presupuestal) son también claves, en especial para las aprobaciones de egresos e ingresos y para reformas económicas. Sin estas capacidades de liderazgo político y de herramientas presupuestales la reforma del Estado y las instituciones, al igual que la modernización económica parecen ser imposibles de realizar.

   Norpoth, Helmut. Divided Government and Economic Voting, en The Journal of Politics, New York, 2001. Edwards, George, et all. The Legislative Impact of Divided Government, en American Journal of Political Science, Texas, 1997.


[1] Edwards, The Legislative Impacto f divided government, pp.555-556

One comment

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