Conflicto en Oaxaca: decisiones estratégicas

por Diego Alejo Vázquez

La decisión sobre si intervenir o no en el caso de Oaxaca es de alto riesgo y estratégica. El resultado en la implementación de esta decisión política tendrá un impacto en la política regional y en el sistema político mexicano. El intervenir usando la fuerza pública supondría un costo político grave para la administración entrante, por lo que lo que debe prevalecer ahora es la política de negociación  con los grupos en cuestión.

Por no haber prestado atención y no haber tomado medidas a tiempo (cuando era el magisterio el único actor inconforme) y después de un intento  fallido de desalojo policiaco, el gobierno estatal y federal permitió que se juntara la crisis de legitimidad postelectoral con un problema que comenzó con algo estrictamente regional.

El gobierno estatal se dedicó a administrar el conflicto en vez de resolverlo, subestimando una movilización corporativa que por haberse descuidado se convirtió en un movimiento social con la fuerza política para presionar de manera importante a las instituciones establecidas en el estado. Esta inercia que fue cobrando el magisterio generó que otros grupos de interés en Oaxaca se unieran a la movilización, generando un frente con demandas políticas cada vez más grandes y con intereses cada vez más diversos. Con ello podemos decir que la violencia aumentó la intensidad y extensión del conflicto, pasando de un asunto que requería una toma de decisión inicial de bajo riesgo y de intensidad baja, a acciones que implican un alto riesgo, decisiones estratégicas y de alta intensidad. 

El resolver el conflicto utilizando la coacción del estado sólo aumentaría la escalada de violencia e ilegalidad que ha venido presentándose. De ser así, la APPO y sus aliados tendrían más razones para dar el paso decisivo hacia la ilegalidad, pudiendo incluso unirse con grupos violentos como las guerrillas (EPR y ERPI) existentes en el sureste del país. Si bien las coaliciones hechas entre los grupos de la APPO con el magisterio de Oaxaca son débiles y de carácter coyuntural, el uso de la violencia podrá unir con mayor cohesión a los grupos opositores e incluso generar una nueva coalición en donde actores externos al conflicto como el FAP (Frente Amplio Progresista) y el EZLN pudieran establecer alianzas políticas y estrategias de coordinación que generarían una oposición más fuerte hacia el presidente electo Felipe Calderón, cuya administración ya se divisa como complicada. La represión entonces supondría aceptar que no existen lo espacios políticos o institucionales para resolver el conflicto democráticamente, lo cual deslegitimaría aún más a las instituciones constituidas del Estado mexicano, ya bastante debilitadas y necesitadas de reformas. La polarización actual dificulta tomar decisiones políticas consensuadas, la violencia sería el paso de esta polarización a inestabilidad total, cerrando indefinidamente la dimensión de la política de encontrar soluciones pacíficas.  

La información y “memoria” de la organización presidencial debe tener capacidad para analizar la efectividad de sus estrategias en el pasado: con hechos pasados como los conflictos en Sicartsa y en Atenco donde se demostró la falta de profesionalismo de las fuerzas policiales y con una sociedad civil (ONGs) cada vez más sensible hacia el tema de los derechos humanos y civiles, la idea de utilizar otra vez la fuerza pública reforzaría todavía más la idea de que el uso de la coacción legítima  en México es discrecional y genera consecuencias negativas para la imagen pública de la presidencia.

Teniendo en cuenta que la comunicación organizacional debe ser coherente, se debe mantener una consistencia discursiva entre las acciones del gobierno y sus declaraciones. El gobierno de Fox tenía una gran legitimidad a sus inicios y aún así fue renuente a utilizar la fuerza en un principio (como en el primer acontecimiento del aeropuerto de Atenco en el 2001). En este último de año el gobierno de Fox ha caído en graves contradicciones discursivas al comenzar a utilizar la fuerza del Estado de manera discrecional hacia actores políticos de la oposición. Si se utiliza la coacción se reforzará aún más esta contradicción. 

 Las alternativas para resolver el conflicto de manera pacífica serían varias:

 

1. Negociación con el magisterio y con sus demandas específicas, el objetivo sería debilitar un sector fuerte del movimiento cuyo liderazgo es más moderado y con el que se puede tener mejor comunicación. Dividir internamente a la oposición es la mejor manera de debilitarla, ya que la represión seria un factor que podría unirlos más frente a un enemigo común
2. Pactar con el PRI de Oaxaca para que se le otorgue a Ulises Ruiz una licencia para abandonar el cargo de manera parcial, dejando a un interino del PRI. Con ello se neutralizaría el factor inmediato de demandas de la APPO sin que necesariamente represente una remoción total ni ceder tajantemente ante las demandas del grupo
3. Por último, trata de negociar con actores del PRD del ala cardenista ( o alejados del ala lopezobradorista) para que tranquilicen a sus bases en Oaxaca, ofreciendo a cambio un mayor número de comisiones en el Congreso.