h1

Importancia del partido en órganos legislativos: el caso mexicano

March 6, 2007

-por Diego Alejo Vázquez 

El estudio de Shawn Bowler sobre los partidos políticos plantea la tesis de que las reglas procedimentales y de control dentro de los órganos legislativos son indispensable para mantener la cohesión partidista y explica en gran medida la conformación de los grupos parlamentarios en los Órganos legislativos (en este caso, el autor se enfoque principalmente en regímenes parlamentarios). A continuación se plantea un análisis del Congreso mexicano y los grupos parlamentarios en el sistema político mexicano de acuerdo con varias categorías usadas por Bowler; si bien el caso difiere en algunos aspectos por ser la forma de gobierno mexicana presidencial, la lógica del autor abarca en gran medida elementos e instituciones presentes en las instituciones mexicanas.

El primer factor a considerar es el las ventajas procedimentales que tienen los grupos legislativos dentro de las legislaturas. “(…) the mayor resources are the procedural advantages which help legislators shape the agenda and the policy outcomes of a legislature. Under this one-arena model, being part of a legislative bloc will give members of that bloc better access to policy making.”[1]

El concepto mismo de grupo parlamentario está determinado y restringido totalmente por la dimensión partidaria, ya que sólo puede  existir un solo grupo parlamentario para cada partido, con base en los dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos: “El grupo parlamentario se integra por lo menos con cinco diputados y sólo podrá haber uno por cada partido político nacional que cuente con diputados en la Cámara. Si bien el artículo 30 de dicha ley reconoce a los diputados independientes y se compromete a guardar las mismas consideraciones que a todos los legisladores y apoyándolos, conforme a las posibilidades de la Cámara, para que puedan desempeñar sus atribuciones de representación popular”, existe una discriminación de facto en cuanto a las funciones y cargos a los que pueden acceder. Esto es así tanto en el caso de diputados como de senadores.

El artículo 17 de la ley Orgánica del Congreso señala en su párrafo 4 que “para la elección de la mesa directiva (de la Cámara de diputados) , los grupos parlamentarios postularán a quienes deban integrarla, conforme a los criterios establecidos en el artículo 18”. Con ello, es necesario pertenecer a algún grupo parlamentario para poder formar parte del órgano Ejecutivo de la Cámara. En el mismo artículo también se establece un freno al impedir que los coordinadores de los grupos parlamentarios formen parte de ella, y en el artículo 18 de la misma ley se establece que Los integrantes de la mesa directiva sólo podrán ser removidos con el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes de la Cámara. con lo que, si bien los grupos parlamentarios tienen influencia al postular a los legisladores, no tienen tantas capacidades de removerlos (al menos no una capacidad exclusiva). La ventaja que trae al legislador (desde el punto de vista personal) el estar dentro de la mesa directiva es que tiene capacidades para dictar el ritmo y regular la discusión de la agenda política (control del factor policy, en términos de Bowler). La legislación mexicana no sólo beneficia a los grupos parlamentarios en cuanto a los temas en la agenda política, sino también regula las normas que rigen la práctica parlamentaria (de acuerdo al artículo 40 de la ya citada Ley Orgánica, donde se establece la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias).  En cuanto a las comisiones, son los órganos más activos dentro del Congreso, ya que se encargan de un gran número de las iniciativas de ley totales que se emiten, y dentro de ellas es donde hay una negociación más intensa por establecer ciertos intereses del legislador personales y partidistas, para tratar de tener una influencia sobre la política pública. En su artículo 43, la Ley Orgánica del Congreso establece que  Al proponer la integración de las comisiones, la junta postulará también a los diputados que deban presidirlas y fungir como secretarios. Al hacerlo, cuidará que su propuesta incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, de tal suerte que se refleje la proporción que representen en el pleno y tome en cuenta los antecedentes y la experiencia legislativa de los diputados”. Con ello el establecimiento de las comisiones se hace en criterio al tamaño del partido, y para que el legislador pueda acceder a cargos como la presidencia y las secretarias de cada comisión necesariamente debe tener el apoyo del grupo y del coordinador parlamentario, ya que éste último tiene facultades para sustituirlo. Por estas circunstancias existen incentivos los suficientemente fuertes como para no sólo argumentar que los procedimientos internos son indispensables para mantener las estructuras partidistas dentro de la Cámara y desincentivar la aparición de legisladores independientes, sino también existen medidas punitivas para aquellos que no mantengan la disciplina partidista y sigan la línea establecida por el partido, al poder ser removidos por el coordinador parlamentario. “If representation on committees is made according to party group, then is consistent with the argument that party group membership confers advantages access to policy-making”[2]. La comisión es el órgano legislativo más importante para promover iniciativas de ley. El que las iniciativas de ley provengan de instituciones dirigidas y constituidas de acuerdo a grupos partidistas (Committee appointments on party basis[3]) representa también una restricción para el legislador independiente, que, si bien no es formal (ya que ninguna ley limita directamente al legislador independiente para que promueva alguna iniciativa de Ley) si es práctica, ya que se necesita primero pasar la iniciativa dentro de la comisión para luego discutirla en el pleno y aprobarla, cosa que es difícil de llevar a la práctica sin tener un grupo político ni cargos estratégicos dentro de las comisiones. Otro aspecto importante que trata Bowler es el índice de control de la agenda política propuesto por Herbert Doring, en donde se trata de establecer un índice que identifique de qué elemento es más definitivo para establecer la agenda: si el gobierno (government) o la cámara legislativa. Cabe señalar que este índice esta hecho para casos legislativos parlamentarios, aunque en el caso de México aplica en cierta medida, donde la variable gobierno es el partido de donde es el Ejecutivo, el partido de gobierno. En esta escala México se encontraría en un lugar entre V (Presidents decision after consultation of party groups) y VI (Fragmentation of agenda-setting centres if unanimous vote of party leaders cannot be reached)[4], ya que la mayor parte de la agenda política ha pasado a manos del Congreso y es difícil conseguir acuerdos unánimes en un sistema multipartidista como el mexicano, en donde el partido de gobierno no tiene la fuerza necesaria como para controlar la agenda o imponer condiciones predominantes en la negociación política. En cuanto al análisis de control de la agenda desde el punto de vista del control sobre el órgano ejecutivo del aparato legislativo, en el caso de México los partidos tienen un control importante de acuerdo al artículo 17 de la Ley Orgánica arriba mencionado. “Where the presiding body is a single individual – such as a President or Speaker, parties per se have a limited role, typically in electing that person. But where the presiding body is a collective Praesidum, Bureau, or council, party representation becomes mucho more formal”. En este caso el órgano directivo mexicano es la Mesa Directiva que, si bien es presidida por un Presidente, en su totalidad es un órgano de tipo colectivo con representación de los grupos parlamentarios. Por último, es indispensable analizar el impacto que tiene el factor electoral sobre los legisladores y grupos parlamentarios, ya que la tesis que Bowler argumenta es que los factores endógenos dentro del Congreso son los determinantes para la formación de bloques partidistas dentro del Legislativo, y la tesis opuesta es que los incentivos legislativos y la búsqueda de nuevas candidaturas y puestos son las que incentivan la formación de grupos partidistas (una causa exógena). En el caso de México es difícil establecer si el funcionamiento de los grupos legislativos se mantiene igual sin estímulos electorales porque en México siempre hay estímulos electorales desde el punto de vista cronológico: las elecciones locales, municipales, presidenciales y las intermedias del Congreso están desfasadas unas de las otras en tiempo, lo que genera que casi todos los años del sexenio existan procesos electorales . Las elecciones intermedias del Congreso permiten la reelección consecutiva de diputados, y son cada tres años, con lo que es difícil defender la idea de que  el impacto de un sistema electoral como el mexicano no afecta la acción de grupos parlamentarios. También el tipo de candidaturas plurinominales respalda la tesis de que el sistema electoral sí tiene un impacto importante en el Congreso, ya que las listas de plurinominales dependen totalmente del partido y sus órganos centrales, con lo que la disciplina partidaria se mantiene. “Above and beyond providing the resources required to fight elections (money, label, and advice) political parties typically also control access to these resources by controlling the nomination of candidates. Depending upon how the nomination process is organized, parties have great potential to act as gatekeepers. Nomination procedures may help promote party discipline in various ways”[5]. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refuerza esta idea al establecer en su artículo 41 que los partidos políticos son la vía predominante para el acceso a la participación electoral, y los privilegian mediante financiamiento público, ya que son definidos como entidades de interés público.Como conclusión, podemos decir que muchos de los factores que Bowler expresa en su estudio aplican y se presentan en el caso mexicano, aunque el factor “control ejecutivo” como se maneja no existe en México porque son procesos de tipo parlamentario (como el llamado “voto de no confianza”). Sin embargo, los estudios mencionados por el autor que demuestran el  impacto del proceso electoral  sobre las legislaturas no aplican al caso de México porque existen procesos electorales permanentemente en toda la República, por lo que siempre hay, en mayor o menos medida incentivos, además de que los mecanismos de participación y financiamiento electoral están concentrados en su totalidad en los órganos centrales de los partidos políticos. Por lo tanto, en el caso de México ni la teoría endógena defendida en el texto ni la teoría de Downs y Ostrogorski exógena pueden explicar por sí solas el caso mexicano, que parece ser una manifestación de ambos fenómenos.


[1] Bowler, “Parties in Legislatures: Two Competing Explanations”, pp. 159

[2] Bowler, “Parties in Legislatures: Two Competing Explanations”, pp. 161

[3] Bowler, “Parties in Legislatures: Two Competing Explanations”, pp. 162

[4] Bowler, “Parties in Legislatures: Two Competing Explanations”, pp. 166

[5] Bowler, “Parties in Legislatures: Two Competing Explanations”, pp. 177

One comment

  1. puras mamadas vayanse a la verga idiotas mierdas



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: