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La reforma energética

January 14, 2008

-por Diego Alejo Vázquez

La actual legislatura ha logrado cambios importantes en materia de las llamadas “reformas estructurales”:  una reforma electoral que pretende suavizar las disputas interpartidarias, una reforma judicial bastante polémica en el plano de garantías individuales y una reforma fiscal que permite en el corto plazo combatir la evasion fiscal y aumentar un par de puntos del PIB la recaudación. La gran reforma que se avecina para este año entrante es la reforma energética, que involucra cambios estructurales en la forma en la que opera Pemex e implícitamente un cambio importante en un tema tan politizado en México como lo es el petróleo.

El tema del petróleo es un tema que tiene básicamente tres planos: el simbólico, el político y el económico.

Simbólicamente parece difícil que se reforme el artículo 27  de la Constitución por la carga tan fuerte que tiene la nacionalización petrolera en el imaginario colectivo. Es este evento es el parteaguas que marca estrictamente el inicio del referente cuasiideológico que significó el nacionalismo revolucionario, es decir, un conjunto de valores y visiones, un discurso desde el Estado para la legitimación del régimen posrevolucionario. La soberanía e independencia nacional eran defendidas, al menos en el plano discursivo y simbólico ,con este evento. La impopularidad de las reformas estructurales de los 80as y la apertura económica en México, hacen que la entrada de capitales a este sector sea percibida como un ataque frontal no sólo a la soberanía nacional sino, interpretado desde la izquierda, como el intento del capital extranjero de ocupar los recursos estratégicos mexicanos. Esta idea no es nueva: las teorías de la dependencia desarrolladas adoptadas en América Latina  en la época de las posguerra sugerían este tipo de racionalidad que sigue intuitivamente el PRD y parte de la izquierda mexicana no partidaria. Desde el punto de vista histórico no es descabellado tener esta actitud suspicaz teniendo en cuenta que los primeros 50 años de vida independiente fueron vividos en medio de intervenciones extranjeras. Pero al igual que la historia es un referente, la descontextualización puede convertir ciertas perspectivas en un lastre, y el tema de la relación entre Estado-empresariado (nacional e internacional) es merecedor de profunda discusión dentro de las posturas progresistas. Para muestra solo véase el gobierno de Hugo Chávez, que, aún proponiendo el “socialismo del siglo XXI” maneja el petróleo no como un recurso doméstico sino cono una herramienta en la geopolítica al cooperar en inversiones con otras compañías extranjeras, y durante un tiempo incluso con petroleras americanas.

A nivel político (entendido este como la lucha real por el poder como recurso escaso), el tema se hace mucho más complejo y obedece a intereses más identifcados con la “real politik” que con esquemas ideológicos. Los grupos de poder político de ambos lados luchan para mantener privilegios. El sindicato petrolero, uno de los grupos corporativos más fuertes, no permitirá perder ciertos privilegios que tiene por su identidad doblemente favorable de sindicato y burocracia. Por otro lado, se atribuye al PRI y al PAN nexos con empresas transnacionales con las cuales se hace lobying y negocia, e incluso de práticas para evadir los candados constitucionales mediante contratos de servicios multiples. La junta directiva de PEMEX es un ejemplo de esta lucha, teniendo en ella desde personas identificadas con los sectores empresariales como personas del sindicato.

Pero el problema más inmediato y grave no es, ni lo simbólico ni político, sino la necesidad a nivel económico de una reforma. Lo altos precios del petróleo han sido benéficos para el país en estos ultimos años, siendo un conveniente placebo para retardar la decision de una reforma fiscal y energética profunda. La producción petrolera necesariamente seguirá a la baja por el agotamiento de Cantarel, y a su vez existe un dilema en términos fiscales: PEMEX necesita de recursos para invertir en exploración y el gobierno necesita de recursos fiscales (una tercera parte aprox. extraídos de PEMEX) para manetener el gasto corriente. A su vez, la infraestructura en refinación no alcanza para refinar toda la gasolina dentro del país, lo cual aumenta el costo de la gasolina al tener que mandar a refinar parte de nuestro crudo al extranjero. Se ha pugnado por abrir al capital extranjero y nacional el area de refinación, comercialización y transportación, para que haya una baja en los precios de los derivados como la gasolina. El problema en ello sigue siendo en el ámbito fiscal: esta dispuesto  (o al menos preparado) el Estado a perder recursos de PEMEX? porque bajo el esquema actual de fiscalización, ninguna empresa vería el negocio del petróleo como algo redituable, con un esquema que drena de manera importante  las uitilidades.

El gran problema reside en que es casi imposible que exista una reforma que no implique que alguien pierda algo, pero el esquema actual tampoco podría enfrentar una crisis energética. No puede al mismo tiempo, haber mayores recursos fiscales y mayor inversión en PEMEX bajo el esquema actual. Un recorte en el gasto público para mantener la soberanía de PEMEX impacta en la política social y hace el gasto corriente insostenible. Si se quiere al mismo tiempo tener ingresos junto con mayor inversión, es necesaria la inversión privada o al menos convenios que le permitan a PEMEX asociación abierta con empresas extranjeras. El problema esta sobre la mesa, no tenemos mucho tiempo y la elite política tendrá que asumir con qué costo tiene que lidiar, porque, en tiempos de reformas, siempre hay pérdidas. El PAN y PRI deben de tener en claro esto, y no ser insensibles ni menospreciar lo que simbólicamente están atacando, mientras que la izquierda se ve en la necesidad de optar entre tres caminos: el primero, seguir con propuestas inflexibles y confrontación, quedando fuera de la decisión en política pública; el segundo es proponer un esquema de reestructuración para que PEMEX tenga más recursos sin inversión extranjera, pero asumiendo el costo político y económico que implicaría reducir el gasto público (que, irónicamente, es una propuesta característica de la derecha); el tercero, es negociar una reforma constitucional para permitir la inversión privada pero pactar en la negociación candados institucionales que eviten que la capacidad de decisión de PEMEX como empresa paraestatal se ve muy disminuida, es decir, idear un esquema de compañía mixta favorable al Estado.

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